A poco que se rasque un poco, la derecha franquista española enseña su pata fascista. Si Artur Mas cumple su compromiso electoral y convoca la consulta popular, pactada con ERC para 2014, el gobierno metropolitano recurrirá al Tribunal Constitucional, del que está seguro que la prohibirá. Si de todas formas la consulta se convocase, el gobierno llevará a Artur Más a los tribunales por "sedición" y lo destituirá como presidente de la Generalitat, aplicando los artículos 544 y 545 del Código Penal español.

El artículo 544 dice que se entiende que comete sedición "los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

Y el artículo 545, establece que "los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo".

Por otra parte, el gobierno se prepara para aplicar el artículo 155 de la Constitución, que establece en su punto primero que "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

En el punto segundo del 155, se especifica que "para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas", lo que significa, de hecho, el fin de la autonomía.