El gobierno metropolitano español sigue recortando de sus gastos en colonias. Tras obligar a volver al prehistórico certificado de residencia en papel, ahora "topa" la ayuda a los canarios que viajan (y que se ven obligados a hacerlo por avión ya que, obviamente, no hay carreteras ni vías férreas con el lejano continente europeo).
El Ministerio de Fomento adelanta que fijará la tarifa máxima bonificable sobre la que aplicar la subvención del 50% por residencia es de 120 euros, lo que supone que el Estado abonará un máximo de 60 euros por trayecto.
Este recorte del gobierno de la metrópoli supondrá que los residentes en Canarias tendremos que pagar más de nuestro bolsillo al aumentar la diferencia con el precio total del billete. Se incumple así la obligación de subvencionar el 50% del billete, establecida en el Régimen Económico Fiscal de Canarias (REF), que forma parte del texto constitucional de la monarquía española.
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