Joan Rosell (CEOE), Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO), han empezado a mantener reuniones con la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, para perpetrar un gran pacto social que sirva para prevenir y desmovilizar un posible aumento de la contestación obrera y popular.
La nueva traición constituirá fundamentalmente en un pacto salarial con efectos hasta 2016. Ya en 2012, CEOE, UGT y CCOO aceptaron la reducción de los salarios con la introducción de complementos variables vinculados a los beneficios de las empresas.
Lo cierto es que de los 16,7 millones de ocupados que en estos momentos hay en España, menos de 10 trabajan bajo el paraguas de un convenio colectivo. Además el IPC ha desaparecido como referencia útil para la actualización de los salarios.
Desde CCOO, su secretario de Acción Sindical, Ramón Górriz, dice que esta nueva componenda debe ser “un pacto con la flexibilidad suficiente como para que pueda ser aplicado de forma diferente en los diversos sectores de actividad siempre partiendo de la situación en cada empresa”.
Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, mantiene informado de las negociaciones que mantiene con el gobierno al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien acaba de abogar en el debate del estado de la nación por un gran pacto de rentas.
Los últimos datos estadísticos reflejan una caída del consumo de casi el 4% en el último trimestre del año pasado, y la situación tiende a deteriorarse cada vez más. Por ello el gobierno español está muy interesado en este nuevo pacto para garantizarse el mantenimiento de la atonía social hasta el final de la legislatura.
La otra pata del acuerdo sería la recuperación de los cursos de formación a los parados, que han venido sirviendo para financiar irregularmente a la patronal y los sindicatos amarillos.
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