Sin precepto legal alguno, sino por pura potencia policial. El Ministerio del Interior da instrucciones "claras" a la Policía Nacional para que prohíba la celebración de escraches a menos de 300 metros de los domicilios de políticos.
En declaraciones a los medios tras inaugurar la primera convención de mandos de la Policía, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha asegurado que se está trabajando con "el mismo criterio" que ha adoptado la Ertzaintza recientemente y que fija este límite espacial.
El director de la Policía, Ignacio Cosidó, que también ha participado en el acto de inauguración del congreso en el complejo policial de Canillas en Madrid, ha aseverado que "hay actitudes de acoso e insulto, de agresiones verbales o físicas que son prácticas totalitarios y que requieren no solo la actuación de la Policía sino también una condena expresa de todos los que creemos en la democracia".
Cosidó dijo que “ni la coacción ni la violencia pueden tener lugar en un sistema democrático”, y ha advertido de que “siempre que se produzcan actos violentos o en los que se infrinja la ley, la Policía tiene la obligación de llevar a cabo detenciones”.
La idea es montar casos forzando la interpretación del artículo 498 del Código Penal, que sanciona a “los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de comunidad autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto”.
Este presunto delito puede acarrear penas de prisión de hasta cinco años de cárcel. Este es el "escarmiento" que pretende el magistrado de la Audiencia Nacional española (antiguo Tribunal de Orden Público del fascismo) Eloy Velasco, contra docenas de detenidos en las protestas que el 15 de junio de 2011 hicieron miles de personas ante le parlamento catalán.
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