La descomposición de la monarquía española ha decidido a los partidos monárquicos a preparar cuanto antes el "plan B", esto es, la abdicación de un desacreditado Juan Carlos Borbón en su hijo Felipe.

El primer "paso atrás" ha sido la promesa de "encajar" a la Casa Real en la Ley de Transparencia. Eso sí, muy poquito, por aquello de "la seguridad nacional" y "la protección de datos". Estos trabajos y los contactos con los grupos parlamentarios los está llevando a cabo el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso.

Pero el asunto gordo, la ley de abdicación, lo lleva directamente el Ministerio de Justicia. Gallardón ha encargado a un grupo de "expertos" las líneas maestras de la futura ley orgánica que incluiría la posibilidad de aforamiento para los miembros de la familia real.

El PSOE, en connivencia con el PP, está estudiando fórmulas para que de el heredero goce de los mismos privilegios que otorga la Constitución al rey. Una Constitución que, en su artículo 56.3, establece que sólo "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".

Desde el PSOE dicen que no se plantean la ampliación del aforamiento a otros Borbones, pero no niegan que están trabajando en diversos aspectos que afectan a la Corona y a las funciones del príncipe con la idea de establecer una "regulación más precisa" que le brinde "una mayor protección jurídica" en casos -como el que está ocurriendo ahora- en los que deba asumir la agenda del rey o sus funciones de forma temporal. Ello podría llevar aparejado un aforamiento como el que gozan los parlamentarios y otras autoridades del Estado para que solo pueda comparecer y ser juzgado ante el Tribunal Supremo.

La abdicación está contemplada por el articulo 57.5 de la Constitución: "Las abdicaciones y renuncias o cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una Ley orgánica". No obstante, si los acontecimientos se precipitaran, el desarrollo de dicha ley podría ser incluso posterior a la abdicación, y podría tramitarse por las Cortes por el procedimiento de urgencia y en lectura única. Al tratarse de una ley orgánica necesitaría mayoría absoluta.

La clave está en que si el rey abdica, tal y como está la legislación ahora, dejaría de ser impune y perdería su inmunidad absoluta, ya que dejaría de ser jefe del Estado y pasaría a ser responsable jurídicamente de sus actos como cualquier otro ciudadano a partir del momento del cese.