Por segunda vez, el juez José Castro, que investiga el llamado caso Noós, ha imputado a la infanta Cristina Borbón, hija menor del rey de España, por presunto delito fiscal y de blanqueo y la ha citado a declarar el 8 de marzo, según un auto de 227 páginas dictado este mismo martes.

Tras una prolija investigación sobre la participación de la esposa de Inaki Urdangarín en la actividad de Aizoon, la sociedad que compartían ambos y a través de la que se desviaron fondos captados de manera fraudulenta de instituciones públicas, Castro pidió el pasado 9 de diciembre a las partes que se pronunciaran sobre la imputación de la duquesa de Palma.

El blanqueo de capitales conlleva una pena de cárcel de hasta seis años, además de una multa que puede ser del triple de la cantidad de dinero lavada. El fiscal puede acarrear un máximo de cinco años de prisión y una sanción pecuniaria de hasta el séxtuplo de la cifra escamoteada a Hacienda.

El magistrado instructor sostiene que la contabilidad de Aizoon, sociedad instrumental que en estos momentos preside la duquesa de Palma, "distaba mucho de ajustarse a la realidad". Y tilda de "fiscalmente opaco" el reparto de dividendos entre los dos titulares de la empresa familiar: Cristina de Borbón y Grecia e Iñaki Urdangarin.

Le sigue un párrafo que no deja lugar a dudas: "Esos ingresos nunca los tributó en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas [IRPF]".

La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las representaciones procesales de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y la propia Cristina Borbón se han manifestado contrarias a la imputación. Sólo falta saber cuanto tardará en ser de nuevo desimputada.