La entrega de las riquezas naturales canarias a la multinacional por parte del gobierno metropolitano tiene el rechazo de de amplios sectores de la sociedad canaria, desde los comunistas hasta el gobierno autonómico, pasando por colectivos ecologistas y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, basándose sobre todo en argumentos ecológicos, de seguridad, turísticos y económicos.
Esta autorización coincide con los problemas que Repsol ha tenido en Argentina, donde se le han retirado los permisos de explotación por entender que la compañía no ha cumplido con las condiciones firmadas.
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