El gobierno español se ha autoconcedido la potestad de condenar sin pruebas y vulnerando la más elemental presunción de inocencia. El Ministerio de Empleo “podrá suspender el abono de las prestaciones por desempleo cuando se aprecien indicios suficientes de fraude”. Y ello sin que se haya comprobado si el fraude existe o no. Es la letra chica del Golpe a los derechos de las asalariadas y los asalariados, que permitirá, por ejemplo, putear a parados "conflictivos" a capricho del gobierno.

En esa letra chica aparece algo de lo que tampoco había informado el gtobierno del PP: se eleva la edad mínima necesaria para tener acceso al subsidio que cobran los parados que han agotado la prestación contributiva, elevándola de 52 a 55 años.

También nos hemos enterado por esa letra chica que se rebajanlas indemnizaciones que paga el Fondo de Garantías Salariales (Fogasa).