El gobierno de la monarquía, a través de la Delegación del Gobierno de Madrid, ha vuelto a prohibir una manifestación convocada por colectivos ateos para el próximo 5 de abril, Jueves Santo, por su "evidente voluntad de provocación" a los católicos. Es la segunda vez que la Delegación del Gobierno adopta una medida de este tipo: el año pasado también se vetó esta iniciativa, entonces por el gobierno del PSOE.

El 8 de agosto de 2011, la Delegación, entonces dirigida por la socialista Dolores Carrión, también prohibió inicialmente la marcha laica y 'antipapa' convocada para el día 17 de ese mismo mes y que pretendía recorrer las calles del centro, entre la plaza de Tirso de Molina y la Puerta del Sol, por coincidir con la llegada de Benedicto XVI a la capital para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.

Finalmente, los convocantes y la Delegación alcanzaron un acuerdo para realizar un recorrido alternativo. La marcha terminó en incidentes y cargas policiales.

Ahora el gobierno del PP dice basarse en los informes específicos emitidos por el Ayuntamiento de Madrid, por la Jefatura Superior de Policía y por la Abogacía del Estado, que coinciden en prohibir la manifestación.

La marcha estaba convocada por la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores y por la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés con la idea de "sensibilizar a la población sobre el derecho constitucional de libertad de manifestación, libertad de expresión y obligatoriedad de que las instituciones protejan la aconfesionalidad del Estado".

Estas asociaciones presentaron el pasado 6 de marzo un escrito de comunicación a la Delegación planteando tres recorridos alternativos, todos iniciados en la calle Santa Isabel y finalizados en la plaza de Lavapiés.

La Delegación del Gobierno alega que los tres itinerarios se desarrollan por zonas próximas a las procesiones católicas que se celebran ese día y añade que la marcha, "por su naturaleza, puede suponer un elemento de coacción o intimidación a la exteriorización de la confesión religiosa católica que se materializa tanto en la asistencia a templos o iglesias en tales fechas, como en la asistencia o presencia en el discurrir de las procesiones".

Por ello, concluye que es "una real, y no potencial, vulneración del orden público, con peligro para la integridad física o moral de las personas, y la integridad de bienes públicos o privados".