La publicación de una foto el pasado 30 de mayo, de una protesta laboral de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma Canaria (CAC) en el periódico El Día, le puede costar caro a una compañera cuyo destino actual es la Secretaría del presidente en Santa Cruz de Tenerife. Según reza el expediente disciplinario abierto por la secretaria general de Presidencia, Ángeles Bogas, la funcionaria afectada ha incurrido en la presunta comisión de una falta disciplinaria grave tipificada en la Ley de la Función Pública de Canarias.

Para el departamento autonómico la actitud de la funcionaria puede ser considerada de "desprecio o descrédito llevada a cabo con ánimos ofensivos y con publicidad hacia la figura que representa el presidente del Gobierno". A la vista del artículo periodístico donde aparece la foto de la afectada, la secretaria general de Presidencia considera que la "desconsideración, falta de urbanidad y respeto, que en el marco de la relación jurídica funcionarial son debidos al superior jerárquico, compañeros y subordinados, pudiera derivarse en la existencia de responsabilidad disciplinaria".

Para la alto cargo de Presidencia el gesto de la funcionaria es "obsceno" -una peineta no a Rivero, sino a una foto del presidente autonómico delante de la sede presidencial en Santa Cruz de Tenerife-, minusvalorando la figura que representa el mismo. Una especie de ofensa en esfinge.

La argumentación oficial recuerda la del gobernador Hermann Gessler en Suiza, colocando en la plaza mayor de de Altdorf un sombrero simbolizando al soberano de la Casa de Habsburgo, sombrero ante el que el mítico héroe Guillermo Tell se negó a hecer una reverencia, siendo detenido también por "desconsideración y falta de respeto".

El expediente disciplinario no ha tardado en recibir las críticas de los dirigentes sindicales de los funcionarios, que ayer mismo protestaron en las dos capitales canarias y se solidarizaron con la funcionaria expedientada. Para Manuel González, del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), este expediente es una forma de amedrentar a los funcionarios y trabajadores laborales de la Comunidad Autónoma, que llevan varios meses movilizándose en contra de los recortes del Gobierno regional y la reducción que van a sufrir los sueldos. En opinión del dirigente sindical, la falta grave tendría sentido si la peineta de la funcionaria se hubiese realizado dentro del puesto de trabajo pero, sin embargo, ésta tuvo lugar en la calle y en el marco de una protesta laboral autorizada.

El miembro de la Junta de Personal de Presidencia del Gobierno y compañero de la afectada, Julio Martín, criticó el expediente y alertó que con el mismo se está lanzando un mensaje de miedo a los trabajadores públicos para que no protesten. La Junta de Personal presentará la próxima semana un escrito exigiendo responsabilidades a los que han abierto el expediente para comprobar los fundamentos del mismo.

El expediente se encuentra actualmente en fase de instrucción y de toma de declaraciones.

Se da la circunstancia de que a quien abre el expediente, la secretaria general de Presidencia, Ángeles Bogas, le ha sido anulado judicialmente su nombramiento ha resultado anulado por una sentencia de la Sala de lo Social de marzo pasado, sentencia que no ha sido ejecutada por el gobierno CC-PSOE, que la mantiene irregularmente en el puesto de mandamás que ocupa.