Las familias de los fusilados de San Lorenzo solicitan al ayuntamiento de Las Palmas la apertura de la fosa común del cementerio de VEGUETA. Consideran que Las Palmas de Gran Canaria tiene una deuda histórica pendiente con el municipio de San Lorenzo, que fue anexionado de forma ilegal, tras ser asesinado por los franquistas su alcalde, Juan Santana Vega, junto a parte de su corporación, encontrándose sus restos en la fosa común del Cementerio de Vegueta, donde también están enterrados, según datos de distintos historiadores, más de 60 republicanos fusilados y desaparecidos.

La Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo, ha solicitado por escrito al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, la apertura de la fosa común de dicho cementerio, al entender que es de competencia municipal esta instalación mortuoria, así como autorizar y facilitar los medios para proceder a la exhumación de los restos del alcalde de San Lorenzo, Juan Santana Vega, el sindicalista vinculado a dicho Ayuntamiento, Francisco González Santana, enterrados en esa fosa junto a más de 60 republicanos asesinados, procedentes de distintos puntos de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y el Sahara Español.

Francisco González, nieto del sindicalita fusilado, ha manifestado que “aunque estamos pendientes de la resolución del Recurso de Apelación presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, para la apertura de dicha fosa común, consideramos muy importante que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se implique y se posicione para recuperar unos restos con el objetivo de darles una digna sepultura. No podemos permitir que en una democracia haya cuerpos de demócratas enterrados como perros en fosas comunes, pozos o cunetas. Por ello pensamos que el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, tiene una deuda moral con un municipio donde asesinaron a su alcalde, al secretario municipal, al inspector jefe de la policía local y a otros miembros de su corporación”.

Las familias piensan que “es de justicia histórica que un ayuntamiento como el de Las Palmas de Gran Canaria, que se quedó con un territorio secuestrado ilegalmente, que lo ha utilizado y lo utiliza, como vía de expansión urbanística, arrasando por lo que fue una de las vegas agrícolas más importantes de la isla, debería al menos, facilitar los medios para que su legítimo alcalde asesinado y otras personas que dieron su vida por la democracia y la libertad, tengan el entierro que les fue negado y una tumba donde sus familiares puedan llevarles flores”.

Estos fusilamientos, según las familias, “ilegales, ilegítimos y vulneradores de los derechos humanos de los ejecutados, fueron consecuencia del proceso abierto en la causa 33/36 en consejo de guerra de manera ilegal, contra un representante elegido democráticamente en la etapa republicana y un representante de los trabajadores por parte de los elementos que no acataban la legalidad democrática establecida en las urnas y que secundaron el llamado “alzamiento nacional del 18 de julio de 1936”.

Hacen mención para justificar su solicitud al Auto de Competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que se refiere en su Fundamento Jurídico Tercero a que “los derechos de las víctimas de violaciones de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario gozan hoy de amplio reconocimiento” citando, entre otros los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, donde “se proclama, como derecho de los afectados por tal clase de acciones criminales, entre otros, el de acceso a una reparación adecuada, que comprenda “la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad”, así como la “búsqueda de […] los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos, si fuera necesario, y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de las victimas…”, para concluir que “huelga decir que esos derechos, según los mismos textos, tienen como contrapartida, el deber de los Estados de procurar de manera efectiva su satisfacción”.

Esta Plataforma señala por último que “esta petición al alcalde Cardona va más allá de ideologías y de creencias políticas, pretendiendo algo tan sencillo como que sus familias puedan darles un entierro digno, además de hacer justicia con quienes fueron asesinados defendiendo a su pueblo y a la democracia”.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de enero de 2013