Cinco compañeras, cinco trabajadoras canarias, cinco sindicalistas ajenas a las centrales amarillas españolas, están siendo sometidas a una parodia de proceso judicial que podría llevarles a la cárcel. Y ello de la mano de una juez "progre" -de la órbita del PSOE y perteneciente a "Jueces por la Democracia" (qué sarcasmo)-, Marina Rosell, convertida en brazo ejecutor de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE-CEOE), y de un fiscal, Miguel Pallarés Rodríguez, empeñado en hacer méritos ante la "superioridad" (la misma "superioridad" convertida en abogada defensora de lo más podrido y corrupto del Estado) y que pide un año de cárcel para las cinco. También se quiso procesar al periodista que grabó las imágenes, pero la causa contra él ha sido sobreseída provisionalmente.

El terrible crimen de las compañeras, y por el que les quieren imponer un año de cárcel, es haber entrado en las oficinas (abiertas al público) de la CCE el 8 de marzo de 2012, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y haber desplegado una pancarta contra la reforma laboral. Esa es la argucia legal. Lo cierto es que se trata de una represalia para intimidar a los movimientos de protesta, en los que, por cierto, tenemos cada vez más protagonismo las mujeres.

Que las compañeras pertenecieran a Intersindical justifica aún más en las mentes de los represores su persecusión, ya que no se trata de compañeras domesticadas, sino que son de las que luchan. Cárcel, multas, palos y mano dura contra quienes protestan. Guante de seda para la mafia de los lacayos de la oligarquía financiera, para los agentes políticos de los explotadores. Esa es la "justicia" del postfranquismo monárquico, del imperialismo colonialista español.

Que la administración de "justicia" del fascismo continuara incólume tras el teatrillo de la "transición" tiene estas cosas. La lección a sacar es que nunca más queden impunes los agentes del régimen, aunque vistan toga y se las den de "demócratas".

No están ustedes solas, compañeras. Y más temprano que tarde serán quienes las acusan los que comprueben lo que es la justicia popular.