En las últimas semanas, la población brasileña –principalmente los jóvenes– salió a las calles y gritó su indignación contra el aumento de los pasajes, por la sanidad y la educación, contra los gastos de la Copa, contra la violencia policial, contra la inflación y contra una forma de representación política que ha demostrado sus límites. Al igual que ocurre en otras partes del mundo, la explosión social es resultado de una insatisfacción generalizada contra los efectos del capitalismo y de la crisis de este sistema, de las medidas de los gobiernos, que cargan sobre las espaldas de los trabajadores y del pueblo la solución de los problemas, dejando intactas las ganancias de los empresarios y patrones.

Las masas rebeladas mostraron el camino de forma innovadora y creativa, combativa y autónoma, reafirmando el sentido y dando consecuencia a toda una lucha de aquellos que hace mucho tiempo se empeñaron en la defensa de estas consignas y demostraron que sólo con la lucha conquistaremos una vida mejor.

La Presidenta Dilma, del PT, dice que ha escuchado las voces de la calle y propone cinco pactos: 1. Pacto por la Responsabilidad Fiscal; 2. Pacto por la Reforma Política; 3. Pacto contra la corrupción; 4. Pacto por la Salud y la Educación; 5. Pacto por la movilidad urbana. Si "el pueblo despertó", como dicen los carteles en las calles, los gobernantes continúan durmiendo. La Presidenta se mostró, una vez más, incapaz de escuchar lo que los jóvenes y la población están gritando. Lo que vemos es más de lo mismo: el verdadero compromiso del gobierno del PT es el pacto con las clases dominantes.

NO AL PACTO CON LOS BANQUEROS Y FINANCIEROS

No es de extrañar que el primer pacto propuesto sea la responsabilidad fiscal, por la que el Estado tiene que economizar sus recursos para destinar el saldo a los bancos y a la especulación financiera, mediante el pago de los intereses de la deuda. La responsabilidad fiscal significa una prohibición de contratar empleados públicos, condición esencial para desarrollar los servicios públicos, pero no se entromete en el gasto del Estado con los intereses para los banqueros: entre 2000 y 2009, el gasto por intereses y amortizaciones de la deuda pública superó el 44% del PIB, mucho más de lo que se gasta en sanidad, educación y programas sociales, como la Bolsa Familia.

Este pacto es el pacto con los banqueros y el capital financiero. Los fondos públicos están constituidos con los impuestos que, en nuestro país, son pagados en su amplia mayoría por los trabajadores. Mientras que la contribución de los trabajadores representa más del 40% de la composición de los fondos, los banqueros y millonarios contribuyen con menos del 4%. Y más aún: la mayor parte va para los bancos y empresas privadas, a la vez que la cuantía menor es la destinada a educación, sanidad, transporte y la vivienda de los trabajadores y del pueblo.

NO AL PACTO QUE PRESERVA UN CONGRESO DESMORALIZADO Y DEJA LIBRES A LOS EMPRESARIOS CORRUPTORES

El pacto por la reforma política es un engaño y una hipocresía. El gobierno del PT, en diez años en el poder, no hizo la reforma política. No la hizo porque la farsa democrática actual se le beneficia, al manipular a la población cada dos años, llevándole a elegir bancadas de representantes y gobiernos que después actúan en favor de los empresarios que financiaron las campañas y no en pro de los electores, que votaron creyendo en sus promesas.

Primero hablaron de referéndum y constituyente para, después, volver atrás y lanzar su verdadera propuesta: será el Congreso Nacional el que va a decidir sobre la reforma política. Encomiendan a los zorros el cuidado del gallinero.

El pacto contra la corrupción es otra mentira, ya que sólo aumenta las condenas a los corruptos y no ataca el origen de la corrupción. La corrupción en Brasil tiene dos fuentes: la forma política de presidencialismo que sólo puede gobernar montando bancadas que los sustenten mantenidas a través del intercambio de cargos, enmiendas parlamentarias y favores financieros legales e ilegales, para financiar las campañas electorales; y el poder económico de los grandes contratistas, patrones, banqueros, empresarios de la agroindustria, monopolios comerciales, la mafia de los seguros médicos y otros que financian las campañas y después cobran la cuenta de los elegidos a través de facilidades, contratos, legislación y otras formas directas e indirectas de facilitar y garantizar sus gigantescos beneficios.

Mucho se habla de los corruptos y poco de los corruptores. Aquellos que pagan fortunas para corromper desde luego esperan garantizar fortunas aún mayores. No se enfrentará la corrupción sin atacar el poder económico de los monopolios.

CONTRA LOS PACTOS QUE VACÍAN LOS BOLSILLOS DE LOS TRABAJADORES: ¡QUE LA BURGUESÍA PAGUE LA CUENTA!

El tercer y cuarto pacto son la comprobación del engaño: más fondos para salud, educación y transporte. ¿Engaño por qué? Por el hecho de que el principal instrumento del gobierno ha sido la exención de impuestos. Fue eso lo que hicieron con el sector automovilístico y de electrodomésticos, con los empresarios del la agroindustria y ahora con los dueños de las empresas de transporte. Subsidios para empresarios significa mantener los beneficios de los patrones sin ninguna garantía de bajar los precios o mejorar los servicios.

Además, más fondos para la educación y la sanidad no es garantía de que serán dirigidos al sector público. ¿Quién nos garantiza que no serán desviados –como hasta ahora se ha hecho– para subvencionar la educación privada y las empresas público-privadas, las fundaciones, las organizaciones sociales y todas las formas directas e indirectas de privatización y mercantilización de estos servicios esenciales? El año pasado, el gobierno del PT se negó a atender la propuesta de los profesores de enseñanza pública federal para reestructurar la carrera que costaría menos de 8 billones, pero se transfirieron gentilmente más de 15 billones a las universidades privadas. Se pagaron casi 700 billones a los banqueros y se gastó menos de 25 billones en sanidad.

En provisión de estos recursos, el gobierno presenta como "garantía" a la población, los derechos de pre-venta, demostrando que seguirá con las subastas de petróleo, crimen de lesa patria practicado a niveles jamás vistos en el país.

La única solución para la educación y la sanidad es un servicio 100% público, mantenido con fondos públicos. La educación y la salud no son mercancías.

El último pacto es otro intento de engañar a los trabajadores y parar las protestas: el pacto por la movilidad urbana. Aquí también la salida propuesta es aumentar la exención de impuestos para garantizar los beneficios de las empresas de transporte. Nuestra respuesta debe ser, aquí también, la nacionalización y municipalización del transporte financiado con los fondos públicos que pagamos. El transporte es un derecho y no una mercancía. Que los vampiros de la riqueza nacional no encuentran nunca más en este sector un lugar para lucrarse.

Aquí también la forma política y la corrupción se dan la mano. Los gobiernos municipales del PT en los años 1980 municipalizaron los transportes y llegaron a hablar de tarifa cero. En seguida devolvieron los transportes a los empresarios, y estos se convirtieron en los principales financiadores del PT en las elecciones. Después, se cobraron la cuenta con una política de aumento del precio de los pasajes, al mismo tiempo que dejaron de cumplir lo que les correspondía, o sea, el mantenimiento y la renovación de la flota, el aumento de líneas, además de explotar a los cobradores y a los conductores con bajos salarios, jornadas agotadoras y falta de una formación adecuada. Muy poco se ha hecho para la construcción y expansión de los sistemas de trenes, metros, ferris y tranvías, medios mucho más eficaces y baratos, que son combatidos por los empresarios de las carreteras.

Los pactos anunciados esconden el pacto principal: el pacto con la burguesía y los poderosos, que saquean los fondos públicos para aumentar sus ganancias, mientras dejan languidecer servicios públicos.

NUESTRO PACTO ES CON LOS TRABAJADORES, POR LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA, EL MANTENIMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS

El gobierno no dice ni una sola palabra sobre las condiciones de los trabajadores y los resultados que el pacto de la burguesía imponen a la clase obrera para generar el "crecimiento acelerado" del que los gobernantes tanto se enorgullecen. Además de tener que desdoblarse en el pluriempleo, de vivir como la inflación se come sus salarios, de ver que las tasas por servicios y otras entran en el presupuesto, las familias de clase media y de los trabajadores están profundamente endeudas.

Disfrazada de facilidades de crédito para atender necesidades de la población, la política de incentivo al consumo interesa a los empresarios que quieren librarse de sus enormes stocks y garantizar sus beneficios. Resuelto el problema de los capitalistas, queda para los trabajadores la deuda, a pagar con intereses elevados, lo que, a su vez, engorda las ganancias de los banqueros.

Los trabajadores sufren con una profunda intensificación del ritmo de trabajo, lo que ha provocado el aumento de las enfermedades y muertes, al ritmo de una escala de guerra. En 2006, se produjeron 512.232 accidentes de trabajo en Brasil, número que aumentó en 2007 a 653.090 accidentes, con 2.804 muertes y 8.504 incapacitados permanentes. Más del 30% de la fuerza de trabajo en Brasil sufren de trastornos mentales leves, entre un 5 y un 10% sufren trastornos mentales graves, llevando a la jubilación por enfermedad mental al tercer puesto en la concesión de pensiones. Esto es lo que está en la base del desarrollo reciente de Brasil, tan elogiado por los ricos: beneficios para la burguesía y muerte y enfermedades para los trabajadores.

Además, para fomentar la inversión, el gobierno, en alianza con sindicalistas cooptados, está imponiendo un verdadero desmantelamiento de derechos conquistados, precarizando las condiciones de contratación con medidas que el discurso oficial hipócritamente llama de "flexibilidad". Son miles de trabajadores precarizados, tercerizados, sin derechos. Incluso los que ahora están engañados con empleos precarios y facilidades de consumo vía crédito y endeudamiento, despertarán de este sueño cuando enfermen o queden incapacitados o tengan que jubilarse de acuerdo con las nuevas reglas, definidas por la reforma de las pensiones. Entonces se darán cuenta de que gran parte de sus derechos históricos les fue robada por el pacto entre el gobierno y la burguesía.

Nuestros derechos son fruto de mucha lucha y debemos defenderlos en memoria de aquellos que lucharon y de los muchos que murieron para hacerlos efectivos.

Por todo esto decimos no al Pacto de Dilma y sí a la continuidad de las movilizaciones, por el programa popular que surge de las protestas que se han apoderado de Brasil. Debemos luchar junto con los militantes de los movimientos sociales, de las organizaciones sindicales y populares, de los partidos de izquierda, llamando a la clase obrera y a la población que sufre los efectos más perversos del orden capitalista a transformar las demandas presentadas en las protestas en un Programa de Luchas Populares.

Por lo tanto, proponemos:

¡TODOS A LA HUELGA GENERAL DEL 11 DE JULIO!

[Traducción: Teodoro Santana]