“Los burgueses empiezan a sacar las uñitas

de sus blandas y lanosas patitas”

(Vladimir Maiakovski, en referencia al intento de golpe de Estado de Kornílov)

Muy oscuro debe andar el túnel, y nula salida deben de ver en él, cuando el PP –que no es más que el viejo lobo fascista con piel de cordero democrático– se arma con nuevas medidas represivas contra eventuales protestas populares.

Conscientes de que, no sólo los seis millones de parados, sino la mayoría, preferimos la cárcel a que nos embarguen y nos quiten la casa, nos incauten la cuenta corriente y nos condenen a la depauperación –y todo ello sin condena judicial–, lanzan una ley de “Seguridad Ciudadana” en la que las sanciones administrativas, a criterio del gobierno, caerán sobre todo aquel que se atreva a rechistar.

El gobierno español podrá imponer arbitrariamente multas de 600.000 euros (cien millones de pesetas) a cualquier disidente al que se le ocurra participar en una manifestación no autorizada, o reproducir su convocatoria en Twitter, Facebook, su blog o cualquier otro medio. Y eso que su propia Constitución dice que las manifestaciones pacíficas y sin armas no necesitan autorización previa. Pero claro, como han dejado claro, de esa constitución sólo vale lo de la “unidad de España”.

El palo de 600.000 euros también le puede caer a uno por grabar a los maderos dando palos a la gente, o por interrumpir una misa, o por manifestarse cerca del Congreso, el Senado o cualquier parlamento autonómico. O por hacerlo cerca de la casa de un político (lo de "cerca" dependerá de lo que se le ocurra a la policía, es decir, al gobierno). O por no llevar el carnet de identidad encima y, por lo tanto, no mostrárselo a la policía cuando se le antoje identificarte.

Pero ya puestos a reprimir de forma tan astuta –y tan franquista–, al partido fascista se le ha ocurrido también multarnos con 30.000 euros (cinco millones de pesetas) por manifestarnos con bufanda o capucha impidiendo que nos puedan identificar para multarnos, o por “vejar” o “injuriar” a la policía –siendo la propia policía, es decir, el gobierno, el que define los términos; por ejemplo, que no les guste como los miramos, que ya se sabe que en el Estado español la palabra de un madero tiene valor probatorio–. Y todo ello, hay que insistir, sin resolución judicial alguna.

Cierto es que cualquiera de nosotros, pobres súbditos, podríamos recurrir a los tribunales tales sanciones. Eso sí, si tenemos dinero para tasas judiciales, abogados y procuradores. Y si nos olvidamos de quién controla a los fiscales y de quién nombra a los jueces, y de quién nombra a los que nombran a los jueces. Tampoco conviene olvidar de dónde vienen los jueces de la “democracia” y todo el aparato represivo de la “justicia” en el Estado español.

Ellos no se reconocen como fascistas. Aún más, se presentan como los verdaderos “demócratas”. Son conscientes de que ya no se estilan las camisas pardas, negras o azul falange, ni la esvástica o las flechas y el yugo (a pesar de que sí están el escudo de la Casa Real española). Pero, como dice la Biblia, “por sus hechos los conocerán”. Y vaya si los estamos conociendo.

Están desatados. No encuentran oposición. Las protestas populares no se transforman en más que indignación y lamento. Por si acaso van a más, multa y tentetieso. Y como ha advertido Rajoy, no van a dejar de “pisar el acelerador”.

Vuelve la España “una, grande y libre”. Prietas la filas, recias, marciales.