Las empresas de Trabajo Temporal (ETTs) cobrarán un incentivo de hasta el 15% por cada parado a quien descubran percibiendo indebidamente la prestación y sea sancionado por los Servicios Públicos de Empleo. Además, percibirán un incentivo por colocar a discapacitados y personas en riesgo de exclusión y otro si el trabajador conserva el empleo un año. El acuerdo le costará al ministerio 200 millones de euros en cuatro años.

El gobierno español no sólo persigue reducir sustancialmente el número de personas que reciben subsidios por desempleo, sino también usar la temporalidad, el empleo parcial y precario para reducir el número de desempleados que cobran prestación.

El hecho es que si una ETT notifica que un trabajador ha incumplido sus obligaciones (por ejemplo, que ha cometido fraude en el cobro de prestaciones), el SEPE procedería a comprobarlo mediante un proceso de inspección. Si de dicha inspección se derivara una sanción en firme al trabajador, la ETT recibiría una "compensación" equivalente al 15% de lo que habría percibido por colocar al trabajador.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de agosto este acuerdo marco, que tiene por objeto complementar la intermediación de los servicios públicos de empleo en el mercado laboral mediante un sistema de colaboración público-privada con las agencias de colocación.

Para que éstas puedan solicitar su participación en este acuerdo marco deben estar acreditadas como agencias de colocación y ser solventes económica y financieramente.

Este acuerdo marco implica el establecimiento un conjunto de reglas básicas comunes para la mutua colaboración entre los servicios públicos de empleo y las agencias de colocación.

El Ministerio prevé que se destinen a los contratos basados en el acuerdo marco un total de 200 millones de euros durante los dos años de su duración, prorrogables hasta otros dos, para el conjunto de contratos celebrados por los servicios públicos de empleo.

Este acuerdo cuenta con el respaldo de la mayor parte de comunidades autónomas, que han manifestado su deseo de participar en él mediante la firma de los correspondientes convenios. Sólo han expresado su rechazo Cataluña, País Vasco y Andalucía.