Un borrador de orden ministerial fija un sistema de subastas para retribuir a las renovables fuera de la Península, pero a la vez crea una salvaguarda para Canarias. En la CCAA de la que procede el ministro Soria se adjudicarán a dedo, desde Industria, 460 MW eólicos y su retribución, según la disposición transitoria primera de la orden, que anula el sistema de subastas sólo para este archipiélago. El sector renovable vuelve a criticar duramente la falta de transparencia y opacidad con la que el Ministerio está desarrollando la reforma energética.

La letra pequeña y el desarrollo normativo de la reforma energética no deja de deparar sorpresas. Detrás de la amalgama de normas y reales decretos que componen la reforma vendrá, en las próximas semanas, su desarrollo normativo.

Los servicios técnicos y jurídicos del Ministerio de Industria y Energía trabajan a destajo para dar carta de realidad al entramado de la reforma energética, lo que ha generado un frenético ir y venir de borradores de órdenes ministeriales. Uno de ellos, que ya circula entre las empresas, ha levantado gran estupor en el sector renovable. Se trata de la propuesta de orden que establece la retribución a las energías eólica y fotovoltaica en los territorios no peninsulares.

Cuenta con el sello de Industria y está lista para ser firmada y enviada al BOE, pero aún no ha llegado a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que dicte su preceptivo informe. El borrador, al que ha tenido acceso Vozpópuli, establece la creación de un sistema de subastas en el que "el concepto a subastar es el porcentaje de reducción de la retribución a la inversión de la instalación tipo, al que se hace referencia en el artículo 34 del Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de energías renovables", recoge al artículo 7 de la orden.

Es decir que en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla habrá subastas en las que los promotores tendrán que lanzar ofertas por debajo de los parámetros de retribución y de incentivos a la inversión por la reducción de los costes de generación en las energías eólica y fotovoltaica para ser adjudicatarios de la instalación. Hasta aquí todo dentro de lo razonable, hasta que el borrador, en su página 10, llega a su "disposición transitoria primera: instalaciones eólicas en el sistema eléctrico canario", para establecer una excepción con el archipiélago del que procede el ministro José Manuel Soria.

El borrador sienta las bases administrativas para que "el director general de Política Energética y Minas" sea quien tenga la potestad para "otorgar, a un máximo de 460 megavatios (MW), el derecho a la percepción del régimen tributario específico regulado en el Real Decreto" en lo que se refiere a las instalaciones eólicas en Canarias. Será ese director general, cargo de confianza del ministro de turno, el que decida qué promotores se quedarán con los parques eólicos en las islas sin pasar ni por el sistema de concurso ni por el nuevo de subasta diseñado en esta orden.

Porque en esa misma disposición transitoria se deja claro que "a dichas instalaciones les serán de aplicación los requisitos y procedimientos establecidos en dicho Real Decreto y en la presente orden, a excepción del capítulo III de la presente orden". Es este capítulo el que fija el nuevo sistema de subasta, que no será de aplicación en el sector eólico canario.

Fuentes del sector renovable temen lo peor: "este borrador está en manos del sector y aunque aún no ha pasado por la CNE, tememos que la intención del ministro Soria es adjudicar a dedo esos 460 MW en su propia tierra, según se desprende del texto de la orden".

La disposición transitoria primera fija unos requisitos administrativos (depositar una garantía económica en la Caja General de Depósitos, disponer de autorización administrativa, contar con un certificado de Red Eléctrica y presentar una solicitud que se adjunta en la propia orden). Pero nada hay de un proceso regulado por el que los promotores más agresivos en precios o con mejores ofertas se hagan, a través de subasta o concurso, con las adjudicaciones de estos parques eólicos.

La orden también fija los parámetros retributivos por debajo de los cuales se aceptarán las solicitudes. En la página 16 figuran todos ellos, de forma que, por ejemplo, en Gran Canaria, la retribución a la inversión en el año es de 87.880 euros/MW y el porcentaje de incentivo a la inversión del 9,35%. Isla tras isla se fijan estas referencias que no podrán sobrepasar los que opten a recibir el plácet de Industria para construir los parques.

Fuentes del sector renovable temen lo peor: "este borrador está en manos del sector y aunque aún no ha pasado por la CNE, tememos que la intención del ministro Soria es adjudicar a dedo esos 460 MW en su propia tierra, según se desprende del texto de la orden".

La disposición transitoria primera fija unos requisitos administrativos (depositar una garantía económica en la Caja General de Depósitos, disponer de autorización administrativa, contar con un certificado de Red Eléctrica y presentar una solicitud que se adjunta en la propia orden). Pero nada hay de un proceso regulado por el que los promotores más agresivos en precios o con mejores ofertas se hagan, a través de subasta o concurso, con las adjudicaciones de estos parques eólicos.

La orden también fija los parámetros retributivos por debajo de los cuales se aceptarán las solicitudes. En la página 16 figuran todos ellos, de forma que, por ejemplo, en Gran Canaria, la retribución a la inversión en el año es de 87.880 euros/MW y el porcentaje de incentivo a la inversión del 9,35%. Isla tras isla se fijan estas referencias que no podrán sobrepasar los que opten a recibir el plácet de Industria para construir los parques.

"Si este borrador de orden acaba firmado por el ministro y publicado en el BOE, estaríamos ante un nuevo escándalo en torno al sector eólico canario como el que hace unos años protagonizó el mismísimo Luis Soria. El hermano del ministro fue consejero de Industria del Gobierno canario y llegó a comparecer como testigo en la investigación del "caso eólico", la presunta trama de corrupción que se organizó en torno al concurso para la adjudicación de parques eólicos que convocó la Consejería de Industria del Ejecutivo canario.

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