El periódico derechista La Provincia, del español Grupo Moll, ha venido denunciando desde hace días las vinculaciones entre el despacho de abogados del presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y los intereses del capitalista Esustasio López, perjudicados por la intención del grupo hotelero mallorquín RIU de construir un hotel justo delante del meloneras de López, tapándole las vistas al Oasis de Maspalomas.

Para evitarlo, el Cabildo declara el Oasis Bien de Interés Cultural (BIC), alegando que por allí repostó sus naves Cristobal Colón en su viaje a América. Sin embargo, Bravo de Laguna no se inhibió en la votación de ersta declaración de BIC ni informó de sus intereses personales en el asunto.

En medio de una pelea de empresas periodísticas (unas a favor de Lopesan y otras de RIU), La Provincia incluso denuncia que la familia de Bravo de Laguna utilizó una testaferro para camuflar a través de una sociedad los beneficios económicos -entre 20 y 27 millones de euros calculaban- que preveía obtener si fructificaban las negociaciones que se mantenían en el antiguo despacho de abogados del ahora presidente del Cabildo con el empresario Cristóbal Rodríguez Marichal y el grupo hotelero para ejecutar cinco operaciones urbanísticas en el Oasis.

Según la denuncia presentada por Marichal, socio mayoritario del centro comercial Oasis, y cliente hasta junio de 2013 del ahora presidente del Cabildo, con quien en 2010 firmó un contrato de confidencialidad, Bravo de Laguna obtendría en una primera fase hasta un millón de euros en función de los objetivos de rehabilitación y renovación comercial y hotelera previstos en todo el frente litoral del palmeral.

El uso de la testaferro de Bravo de Laguna aparece en la denuncia presentada por Rodríguez Marichal ante el fiscal decano de San Bartolomé de Tirajana. Dolores Isabel Araña López, coordinadora del Patronato de Turismo de Gran Canaria, un cargo de libre designación al que accedió tras ser proclamado Bravo de Laguna presidente del Cabildo, se presta a actuar así al llegar la fase final de toda la operación negociada durante meses. Justo en el momento de constituir la sociedad limitada sobre la cual iban a pivotar todas las operaciones económicas proyectadas en el entorno del Oasis.

En paralelo, Lucas Bravo de Laguna, hijo del anterior y consejero de Deportes del gobierno insular, sigue dilapidando la tesorería del cabildo en la construcción y publicitación del llamado "Gran Canaria Arena", un marmotreto de más de 70 millones de euros erigido ex professo para la subsede del campeonato del mundo de baloncesto, además de otros cuantos millones más en fastos electoralistas.

Cuando se vayan los Bravo, no van a quedar en las arcas del cabildo ni los pijamas.