La situación general de la lucha de clases en España y el papel de la clase obrera en ella, desde hace decenas de años, se encuentra en la fase inicial de acumulación de fuerzas. Después del éxito monopolista de la reforma del franquismo, se han dado múltiples intentos y amplias movilizaciones de masas, sin embargo tanto el movimiento obrero como el movimiento popular, se encuentran en un alto grado de desorganización, producto de la inexistencia de un Partido Comunista con influencia real entre las masas, y, consecuentemente, debido a la hegemonía en el movimiento obrero y popular de ideologías ajenas al marxismo.

En tales circunstancias, puede decirse que la acumulación de fuerzas revolucionarias, bajo un punto de vista marxista leninista, se encuentra en una fase de limpieza del solar para posibilitar la construcción del Partido. Por ello, tal acumulación de fuerzas se encuentra en su fase inicial y las formas de lucha de la clase obrera y el pueblo trabajador, en general, están determinadas y condicionadas por tal situación, lo cual no evita poder aprender en positivo y negativo de dichas luchas.

En base a los hechos históricos reales desde la formación de la sociedad de clases, Carlos Marx contradecía las ilusiones pacifistas utópicas de su tiempo y decía que la violencia es la partera de la historia. Todas las nuevas sociedades se han alumbrado mediante la lucha entre la violencia de la clase antigua en el poder y la violencia de la nueva. Pero la eficacia de la violencia no viene determinada esencialmente por su fuerza destructiva, sino por la conciencia, amplitud y organización constructiva de las masas que la ejercen, lo cual viene determinado a su vez por una estrategia y táctica acertadas.

Debido a ello es por lo que la lucha violenta, cuando está desligada de esos factores condicionantes, es siempre derrotada por el poder establecido.

El poder y sus seguidores suelen aprovechar tales situaciones para extender sus "condenas" de la violencia no solo a tales acciones terroristas, sino a todo tipo de acción que ponga en cuestión la autoridad de sus instituciones.

Y como es lógico tales "condenas" son cuidadosamente diferenciadas de la "legítima" violencia del estado para defender su estabilidad pretendidamente puesta en cuestión por los "terroristas" y "violentos". Por supuesto, la violencia del estado contra otros países participando en invasiones y genocidios militares, son misiones "humanitarias" para salvaguardar la "democracia" y la "libertad" para sí de los monopolios.

La hipocresía del poder y sus acólitos sobre la violencia, lleva al estado a marcar una línea divisoria entre las luchas más o menos testimoniales que pueden ser realizadas y las luchas pacíficas pero que ponen en cuestión la legitimidad del estado y que éste coloca en el terreno de la "violencia" y que, por tanto, han de ser reprimidas.

En las actuales circunstancias, tanto para el estado como para los intereses de la clase obrera, no es el carácter violento o pacífico el aspecto determinante de las luchas, sino si éstas ponen en cuestión las instituciones y poderes reales del estado de la dictadura monopolista. Esa es la piedra angular que define el camino de avance o retroceso de la lucha popular.

El estado está interesado en que esa verdad no sea visible para las fuerzas populares y es por ello por lo que etiqueta como "violentas" todas las luchas que atentan contra su legitimidad, aunque sean pacíficas.

Legalidad y legitimidad, son hoy dos valores en muchos casos y cada vez más contradictorios en el régimen español actual. No diferenciar esto, lleva a organizaciones políticas "de izquierdas" a ser simplemente títeres del poder establecido, aunque realicen convocatorias de acciones y manifestaciones de protesta.

Los políticos trotskistas, por ejemplo, situados tanto en el espectro de IU como de las organizaciones autodefinidas como tales, aunque critican "la escasa calidad democrática actual" no consideran como dictadura de clase el actual estado monopolista y reniegan de la necesidad del Ejército Popular para tomar el poder. Debido a ello, sus propuestas políticas son unas reivindicaciones que no ponen en cuestión el sistema, como lo es pretender un cambio del sistema electoral para hacerlo más proporcional (con lo cual aceptan el actual sistema de elecciones regidos por las televisiones monopolistas), la creación de una Banca pública (con lo cual aceptan la existencia de la banca privada) la redistribución del trabajo y la riqueza (con lo cual aceptan la existencia de una explotación capitalista más "igualitaria" y rechazan el principio marxista de distribución bajo el socialismo de "a cada cual según su trabajo" ).

Las organizaciones españolas pro-KKE, siguiendo el ejemplo de este partido oportunista que, mientras hablaba de "derrocamiento", colocó sus fuerzas en primera línea delante de la segunda línea de antidisturbios para defender el Parlamento griego de jóvenes antisistema el 20-11-2011, [1] impulsaron un gran boicot en España en agosto de 2012, acusando de "fascistas" y "golpistas" a los promotores de la convocatoria de organizaciones relacionadas como el 15-M de "Ocupa el Congreso" cuyo lema fue cambiado posteriormente por "Rodea el Congreso" Bajo una imagen de Tejero en el 23-F y de Mussolini, y bajo el título "Ocupa el Congreso…, preparando el golpe", Marat, autodefinido como comunista, decía en oposición a quienes pretendían ocupar el Parlamento: "El Parlamento (órgano Legislativo) es la representación de la soberanía popular. Es nítidamente diferenciable del Gobierno (Ejecutivo). Una marcha hacia el Congreso bajo el lema "Ocupa el Congreso" es un tejerazo (23-F), organizado al estilo de la Marcha sobre Roma de Benito Mussolini." [2]

Si se considera el Parlamento burgués "representante de la soberanía popular", es evidente que, digan lo que digan dogmáticos reformistas de diverso pelaje, los poderes que emanan directamente de dicho Parlamento (ejecutivo, judicial, aparato militar y policial del estado) lo son también, y entonces la lucha de clases y sus formas de lucha han de adecuarse a no confrontar a las masas contra dichos poderes que es lo que realmente hacen los pro-KKE españoles en la práctica, aunque lo encubran de palabrería "revolucionaria". Y esa y no otra es una de las causas principales de que en España no exista el Partido Comunista.

En realidad tales organizaciones falsifican la revolución de octubre que tanto ponen como ejemplo: Los comunistas dirigidos por Lenin decidieron la toma del poder sin esperar la conformidad de la Asamblea Constituyente ni siquiera de los Soviets, como pretendían Kamenev y Zinoviev: "Esperar es un crimen ante la revolución" dijo Lenin. [3]

La contradicción entre criterios ultra revolucionarios justificativos y prácticas reformistas no se da solo entre los dogmáticos reformistas. También se da entre organizaciones de la pequeña burguesía nacionalista.

El 24-5-2009, el Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias publicó un artículo en el que criticaba muy acertadamente la posición de la Izquierda abertzale que había pronunciado "un claro rechazo y condena del uso de la violencia para la obtención de objetivos políticos en el marco de un Estado democrático" al objeto de que el Tribunal Constitucional español les permitiera presentarse a las elecciones europeas de 2009.

Bajo el título "¿Condenar la violencia?" decía:

"La coalición electoral Iniciativa Internacionalista - La solidaridad entre los pueblos, en su recurso de amparo al Tribunal Constitucional español, expresó "un claro rechazo y condena del uso de la violencia para la obtención de objetivos políticos en el marco de un Estado democrático". Esta condena expresa, que habían eludido anteriormente, fue determinante para que se le permitiera presentarse a las elecciones europeas, tal y como recoge la propia sentencia del TC.

Lo que hace en esta declaración oficial II-SP es reconocer al Estado democrático burgués el monopolio de la violencia, rechazando toda otra. Al fin y al cabo, el mismo Estado -todo Estado- no es otra cosa que la violencia organizada en régimen de monopolio de una clase sobre otra. Aceptar el statu quo "en el marco de un Estado democrático" es obviar la propia violencia del Estado y el carácter de clase de éste.

Así como los comunistas estamos radicalmente en contra de la violencia terrorista de grupos reducidos que usurpan la voluntad de las masas, no podemos oponernos a la violencia de masas "para la obtención de objetivos políticos". Nuestra propia definición de revolucionarios indica precisamente todo lo contrario: que somos partidarios de la acción del pueblo en armas para derrocar el Estado existente, por muy "democrático" que trate de parecer. Y por muy "democrático" que se le reconozca, como hace II-SP.

No es cuestión de gustos, sino de necesidad. Tal y como expresaba Lenin, "no hay Estado, incluso el más democrático, cuya Constitución no ofrezca algún escape o reserva que permita a la burguesía lanzar las tropas contra los obreros, declarar el estado de guerra, etc., en caso de alteración del orden, en realidad, en caso de que la clase explotada altere su situación de esclava e intente hacer algo que no sea propio de esclavos." Toda la experiencia histórica nos enseña, además, que la burguesía no se va a dejar quitar el poder sin más, "democráticamente". Esta es una lección que los trabajadores hemos aprendido de la forma más dura.

Condenar la violencia para alcanzar "objetivos políticos" es también condenar las revoluciones, desde la rusa a la vietnamita, desde la china a la cubana. Claro que II-SP puede alegar que, en estos casos, no se estaba ante "Estados democráticos". Aparte de que eso sería más que discutible, lo cierto es que, de esta manera, II-SP reconoce el carácter democrático del Estado burgués para que ese Estado burgués le reconozca el derecho a presentarse a unas elecciones. Quid pro quo.

Al renunciar, sin más, a la violencia, lo que se hace es renunciar a derrocar a la burguesía, a tomar el poder y a defender a la clase trabajadora y al pueblo por todos los medios. Y esa renuncia ni siquiera se hace, pongamos, para poder obtener una mayoría en un parlamento burgués: se hace para que el Estado les permita presentarse a unas elecciones intrascendentes. De hecho, en un posterior comunicado, II-SP contrapone la "contundencia" del TC frente al "comportamiento absolutamente irresponsable e impropio" del ministro español de Interior, Pérez Rubalcaba. Es el entreguismo electoralista a cambio de nada.

Comprendemos que haya sectores que puedan sentir fascinación por el lenguaje ultraizquierdista. Por lo que a nosotros respecta, queda claro que ese ultraizquierdismo y el reformismo no es ya que vayan de la mano, sino que son dos caras de la misma moneda." [4]

Es decir, la necesaria lucha de masas para poner en cuestión las instituciones del estado monopolista no puede aplicar formas de lucha violentas ni rechazar la violencia en todo momento y lugar. El origen y constante de todo proceso revolucionario dirigido por comunistas no es si se debe aplicar la violencia o no de manera general, sino deslegitimar en todos los aspectos y en todas las luchas el poder establecido y sus representantes políticos, dejando la puerta abierta a todas las formas de lucha sin excepción, que permitan en cada momento concreto el fortalecimiento de la conciencia y organización de las masas y su partido en dirección hacia la toma del poder.

El papel en las empresas para realizar esa actividad es mucho más difícil hoy que en los barrios, especialmente en la actual situación de crisis, debido a dos factores esenciales: El despido y el control de los dirigentes sindicales reformistas. Debido a esos factores, en las empresas hoy la lucha es fundamentalmente económica y de resistencia. En los barrios, aunque también están controlados por el estado muchos dirigentes vecinales, oponerse a estos no puede ser motivo de despido, la confrontación no es con unos empresarios privados, sino con los poderes públicos del Estado monopolista (ayuntamientos, comunidades autónomas) y el combate, a veces, se puede extender más fácilmente que en las empresas, contra la represión de los poderes fácticos.

El problema principal en los barrios es que los vecinos no sólo han de luchar contra los "dirigentes" sobornados por el estado, sino contra quienes, para evitar su compromiso diario junto a las masas, niegan toda dirección y estabilidad al movimiento y consideran "reformista" la evidencia de que hay que partir de las necesidades reales del pueblo.

La lucha de una Asociación de Vecinos del barrio de Gamonal de Burgos, tomando y paralizando una obra en construcción, fue una lucha relativamente pacífica, pero que ponía en cuestión no sólo la obra y los constructores implicados, sino la legitimidad del alcalde, del Consejo de Barrio controlado por él, y de la policía amenazando a los vecinos con un "estado de sitio" ilegal. Los poderes fácticos del estado dieron orden de retroceder al PP ante el temor de que la lucha y sus enseñanzas se extendieran por todo el estado. [5]

Ese tipo de acciones, debidamente generalizada por todo el estado debiera servir para instaurar órganos de barrio controlados por los vecinos de manera directa, mediante sufragio universal, asambleas abiertas y representantes revocables en cada barrio para imponer en la práctica una futura República Popular. Tal intento como ya ha ocurrido en otros barrios, unirá a todos nuestros enemigos de derechas, y los charlatanes de "izquierda" y "extrema izquierda" para impedirlo, lo cual demostrará la justeza de tal política al asumirla las masas.

Cuando se establece el carácter revolucionario de una lucha hay otro factor fundamental para definirlo y es el tipo de personas que participa en la protesta. En la actual dictadura monopolista no se persiguen las soflamas revolucionarias individuales, ni autoproclamaciones "radicales" mientras no se lleven a la práctica junto a las masas. Es más, tales "pronunciamientos" vanguardistas son absolutamente necesarios para validar la "calidad democrática" del régimen.

Tal permisividad interesada del estado permite a quienes practican tal política "revolucionaria", afirmar su ego y auto justificarse moralmente. Por tanto, es lógico que cuando convocan manifestaciones o acciones "radicales" lo hagan pensando en los sectores más avanzados de las masas y la repercusión de dichas protestas en la sociedad puedan ser difuminadas por el poder.

Un partido comunista no es tal mientras no sea capaz de movilizar a las masas inicialmente más atrasadas contra las instituciones, poderes y partidos del estado. Ese es el factor determinante que decide si una lucha con las mismas consignas puede dejar de ser testimonial para convertirse en revolucionaria. La historia en el estado español ha demostrado que ello no se puede conseguir a través de organismos "nuevecitos" al margen de las asociaciones de vecinos.

El proceso de incorporar a las masas atrasadas no surge repentinamente, sino que se ha de incubar desde el comienzo a partir de todo tipo de movilizaciones y acompañando estas de las correspondientes denuncias concretas ante las masas a través de las asociaciones de vecinos, rompiendo el corsé impuesto en ellas por los adictos al régimen.

En el terreno de la movilización, tanto las acciones relativamente pacíficas de ocupaciones y exigencias, como las que ejercen algún tipo de violencia de autodefensa, deben ser realizadas o tener algún tipo de soporte de la amplias masas para ser consideradas acciones revolucionarias. Pero ello ha de estar unido al terreno de la organización.

En el terreno de la organización sólo es revolucionario el establecimiento de órganos reales de representación, lucha y control, en los que las masas de manera directa manifiesten su "derecho a decidir". El sufragio universal unitario para elegir las juntas revocables de las asociaciones de vecinos es vital 1) Para fortalecer el poder de decisión. 2) Para dificultar la represión. 3) Para deslegitimar a los representantes políticos de los monopolios y sus instituciones.

Es absurda la pretensión de formar organismos de "frentes" radicales, desligados del día a día de las masas. Ello está abocado al fracaso.

También es absurda la pretensión ya fracasada en los 80 de mediante la "lucha armada" desligada de las masas, es decir mediante el terrorismo sin las masas, "concienciar" a éstas. La revolución no es una suma de actos románticos, sino de ser capaces de fusionarse día a día con la realidad objetiva para transformarla.

Solo en la medida que el futuro Partido Comunista vaya consiguiendo afianzar dicha estructura organizativa en los barrios en los que ha de participar el movimiento obrero, se podrá dar un nuevo paso en la confrontación de clase contra el estado y las formas de lucha basada en las masas podrá pasar a un nuevo nivel.

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