El gobierno de la metrópoli, en manos del principal partido fascista español (PP), ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza o Ley Antiprotesta, que ha remitido este viernes a las Cortes para su aprobación. El rodillo parlamentario que le permite su mayoría absoluta en el Parlamento hará que la apruebe aún con el voto en contra de toda la oposición.

Juristas, movimientos sociales y hasta sindicatos policiales, se han posicionado contra este proyecto y se han repetido las movilizaciones en la calle para protestar contra su aprobación. Ya en noviembre el magistrado de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, afirmaba que con esta legislación el PP estaba instaurando "el derecho administrativo del enemigo". 

Greenpeace, en un informe, ya advertía que el anteproyecto, junto a la reforma del Código Penal, vulneran el Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, firmada en 2007, vigente desde 2009 en la UE y jurídicamente vinculante. Igualmente, incumplen tanto los artículos sobre el derecho de reunión y de libertad de expresión recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966. También el poco sospechosos Consejo de Europa expresó su preocupación.

La esencia de la Ley Mordaza es poner las sanciones por manifestarse al arbitrio del gobierno, sin que intervenga un juez. Recurrir a posteriori, dadas las tasas judiciales impuestas por el PP, no deja de ser un lujo que no está al alcance de cualquiera. Y no son sanciones pequeñas. Las infracciones muy graves estarán multadas con entre 30.000 y 600.000 euros; las graves, con entre 1.000 y 30.000 euros, y las leves, con multas de 100 a 1.000 euros.

Graves serán, por ejemplo, las sanciones por los "actos de obstrucción" que pretendan impedir la ejecución de una resolución administrativa o judicial. O lo que es lo mismo, formar una cadena humana ante una vivienda de la que la policía pretende desahuciar a una familia en cumplimiento de una resolución del juzgado.

Además, la Ley Mordaza permite al gobierno, sin que medie resolución judicial, sancionar severamente: grabar "actuaciones" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o compartirlas en redes sociales; colgar pancartas o banderas en edificios (hasta 600.000 euros de multa); instalar tenderetes para recoger firmas o repartir propaganda; pronunciar expresiones que, a criterio del gobierno, supongan una "ofensa a España" o para "las autoridades o instituciones"; manifestarse en "lugares de tránsito público"; o perder el DNI o que se lo sustraigan tres veces en cinco años.