El pasado 13 de diciembre una patera con 25 inmigrantes de nuestro continente fué embestida por una patrullera de la Guardia Civil. Ocho migrantes perecieron tragados por el océano. La primera versión oficial atribuía toda la responsabilidad al patrón de la patera, que habría abandonado el timón al ver el foco de la patrullera acercarse, para confundirse con el resto de los ocupantes; pero tras los testimonios de los náufragos, la Delegación del gobierno de la metrópoli tuvo que cambiar su relato asegurando que la patrullera tenía una avería en sus máquinas que le impidió maniobrar correctamente para evitar arrollar a la patera, que acabó hundida.

Mientras un juzgado de Arrecife tramita la investigación de los hechos, catorce de los supervivientes, a través de dos abogados de oficio, han iniciado los trámites judiciales para reclamar responsabilidad patrimonial al Estado español por el accidente marítimo del que fueron víctimas.

Y es precisamente ahora cuando el gobierno metropolitano español, a través de su Delegación en Canarias, decreta la expulsión del territorio español, que se ejecutará este viernes vía Madrid-Rabat. De esta manera se deshace de los testigos -y víctimas- del siniestro. Y ello a pesar de que en el Estado español viven familiares de los fallecidos, y que en Canarias viven hermanos, padres, madres y tíos de varios de los supervivientes.