La orden de expulsión decretada por la Delegación del gobierno español en Canarias este jueves por la tarde estaba prevista que fuera ejecutada a primera hora de esta mañana pero se frenó in extremis tras presentar el abogado que asiste a siete de los 14 inmigrantes de la patera naufragada que se encuentran en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco. En los próximos días, será un juzgado de lo contencioso el que tiene que decidir si se mantiene la suspensión cautelarísima de la expulsión o definitivamente son devueltos a Marruecos.

Pasadas las doce y media de la noche, el juez de guardia de Las Palmas de Gran Canaria truncó los planes de la Delegación del gobierno metropolitano en las Islas al admitir las medidas cautelarísimas para evitar la expulsión.

"Son testigos esenciales del accidente de la patrullera de la Guardia Civil contra la patera, del pasado 13 de diciembre" del que se recuperó un cadáver y dejó siete desaparecidos, subrayó su abogado Jorge Melián que en declaraciones a Cadena SER Las Palmas, señalando que "si estas personas son devueltas a su país de origen nos quedamos sin los únicos testigos a parte de los 4 funcionarios de la Guardia Civil que son los que estaban allí cuando se produjo el accidente".

Los jóvenes se enteraron de su expulsión inminente pasadas las 5 de la tarde justo cuando los abogados puestos a disposición de ellos por el colegio de abogados de Las Palmas les visitaban en el CIE. Inmediatamente los letrados redactaron la petición de medidas cautelarísimas para paralizar la devolución a Marruecos de los dos primeros supervivientes que acabaron presentando en el juzgado de Guardia cerca de las 23:00 hora local.

Al final en torno a las 00:30 el juez decidió aceptar esta petición y suspender la repatriación, decisión que ahora tiene que ratificar un juzgado de lo contencioso.