"Estamos ante una estafa porque todo te llevaba a acceder a la vivienda e hipotecarte". Así arrancó Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, sus 45 minutos de intervención en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. "Algunos han hecho un grandísimo negocio, como las administraciones, las inmobiliarias, y no han asumido su responsabilidad, porque el mensaje oficial del Estado era que no había burbuja inmobiliaria", prosiguió.

Han sido 45 minutos en los que el Congreso de los Diputados ha oído por vez la voz de Colau, y ha escuchado sus reproches a la desidia de los políticos durante años frente al problema de los desahucios, y también para que quedara constancia de sus propuestas, avaladas por un millón de firmas en forma de Iniciativa Legislativa Popular.

Colau afirmó "que no se firmaban contratos libremente, contratos llenos de cláusulas abusivas de las que nunca se informó, por lo que es una obligación moral reaccionar ante la violación de derechos fundamentales, incluso saltándose leyes injustas".

Durante su primer turno de intervención, que se ha celebrado tras la comparecencia de la AEB, Colau ha puesto en cuestión las palabras de "supuestos expertos a los que se está dando excesivo crédito" en relación con el problema de los desahucios, y ha calificado de "cínicas" las palabras de Pellitero, que ha defendido el sistema hipotecario español.

"Decir que la legislación española es estupenda cuando hay personas que se están quitando la vida por una ley injusta es absolutamente criminal. Les aseguro que no le he tirado un zapato porque quería explicar mi punto de vista. Es un criminal y deberían tratarle así, no es un experto", ha dicho con la voz rota.

Además, Colau ha recordado a los diputados que "las entidades financieras son las que han causado el problema y han arruinado la economía de este país" y, pese a ello, se les "sigue tratando de expertos".

En cuanto a las propuestas, Colau detalló "los mínimos" que recoge la ILP que se debatirá el martes en el Congreso gracias a que el PSOE ha sustituido su propuesta por la de la PAH: "No vamos a aceptar una solución sin efectos retroactivos. Que paguen los estafadores, no los estafados. Pedimos la paralización de los desahucios de vivienda habitual y de deudores de buena fe, así como la dación en pago retroactiva".

Estos mínimos, "avalados por un millón de firmas" deben tenerse en cuenta, según Colau: "Si ustedes se creen la democracia y que el Congreso es un órgano de representación de esa democracia, deberían escuchar las demandas ciudadanas. Los desahucios son la mayor violencia contra el derecho a la vivienda; el Estado pone todo el aparato policial y judicial al servicio de los desahucios. Apelamos a los diputados, con nombre y apellidos, y quienes desprecien la voluntad ciudadana, serán señalados, sin violencia, pero serán señalados allá donde vayan".

En su intervención, Colau también insistió en que "las casas que están en manos de las entidades financieras, deben constituir el parque en alquiler social, cuya renta no debería superar el 30% de la renta familiar. Las 6.000 viviendas del fondo previsto en el último decreto son migajas".

Finalmente, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela ha tomado la palabra para criticar que el Congreso "en ocasiones se tira mucho de los pelos cuando oye algunas palabras y muy poco cuando ve el sufrimiento de la gente". "No me siento representado por su intervención y no quisiera que el silencio se interpretara como eso", ha replicado a Lanzuela.

Antes de Colau, intervinieron en la Comisión el expresidente del Banco Hipotecario y de la Caja de Ahorros de Granada, Julio Rodríguez, y el vicesecretario general de la Asociación Española de Banca, Javier Rodríguez Pellitero.

La comparecencia de Rodríguez Pellitero fue duramente contestada por Colau posteriormente, lo que motivó el enfrentamiento entre la portavoz de la PAH y el presidente de la Comisión de Economía.

El vicesecretario de la Asociación de Banca defendió el marco legal: "No hay que cambiar la ley. Si la situación actual es consecuencia de la crisis, que es transitoria, las medidas deben ser también temporales, como las que ha aprobado el Gobierno". Rodríguez Pellitero defendió que los desahucios no son un negocio para la banca: "Se pierde un cliente, su familia, hay que incurrir en gastos de abogados, de gestión del piso, el IBI, la comunidad, y luego montar todo un sistema de gestión del piso. Sólo cuando no queda otra opción, el banco inicia la ejecución hipotecaria, porque no hacerlo pondría en riesgo la solvencia del banco". En conclusión, según Rodríguez Pellitero: "El sistema hipotecario no es tan malo. Sí la crisis económica".

El expresidente del Banco Hipotecario, Julio Rodríguez, sí vio insuficientes los decretos aprobados, el de marzo de 2012 sobre el código de buenas prácticas de la banca, y el de noviembre, sobre la moratoria de desahucios: "Habría que prolongar un año más la moratoria y ampliar el campo de personas que puedan acogerse a ella. Además, el código de buenas prácticas, que permite la dación, debería ser de cumplimiento ordinario por los bancos, no como ahora. Y, también, debería rebajarse el interés de demora, que ahora está en torno al 12%: después de la moratoria, la familia se encuentra en la calle y con una deuda multiplicada".

Además, Rodríguez puso el énfasis en la falta de datos "para calibrar la magnitud del problema: las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial no distinguen entre primera vivienda y segunda vivienda. Es muy pobre. Y las estadísticas oficiales tampoco se publican todas, se usan políticamente en la Cámara".

Por último, Rodríguez insistió en "modificar la ley hipotecaria sin amenazar la solvencia del sistema financiero. Lo más urgente es la reforma del procedimiento y que el código de buenas prácticas sea común en el día a día de los bancos".