La comunidad Wente Winkul Mapu, situada en la comuna de Ercilla, en el corazón de la Araucanía, se convirtió en epicentro de las noticias sobre el pueblo mapuche en Chile.
Es que hemos sido escenario de reiterados allanamientos y de la violencia descontrolada de Carabineros, que actúa como guardia privada de empresas forestales y latifundistas frente a la reivindicación de nuestras tierras, señalaron a Prensa Latina autoridades ancestrales de esa comunidad.
Se refirieron en particular a las repetidas versiones sobre la muerte del sargento de Carabineros Hugo Albornoz, quien cayó abatido en una violenta irrupción policial en esa comunidad el pasado 2 de abril.
En declaración que hicieron llegar a Prensa Latina, desmintieron las afirmaciones de la Fiscalía y de Carabineros acerca de las circunstancias del fallecimiento del uniformado.
Primero se habló de emboscada en un camino público, cosa que se ha ido aclarando como totalmente falsa, señalaron en el mensaje.
Acerca de la investigación abierta para esclarecer el hecho, pidieron se cambie al fiscal designado para el caso, identificado como Luis Chamorro y a quien calificaron de antimapuche, y porque además fue el mismo que encabezó el allanamiento en el cual murió el agente policial.
Chamorro es una figura reconocida por levantar montajes en contra de los mapuche, subrayaron.
Acotaron además que el sargento Albornoz murió en una zona alejada de la expuesta en la versión oficial.
En opinión del werkén (vocero) Daniel Melinao, las acusaciones hechas por el fiscal Luis Chamorro, así como por la policía, buscan desprestigiar al pueblo mapuche.
Manifestó como tesis de los pueblos originarios que Albornoz murió en un fuego cruzado. Es probable que los efectivos policiales se dispararan accidentalmente entre ellos, expresó.
Los representantes indígenas remarcaron que ellos son los primeros interesados en la aclaración de la verdad de lo sucedido sobre la base de una investigación seria y desprejuiciada.
Reiteraron a Prensa Latina la denuncia a la militarización de los territorios mapuche y "la violencia descontrolada de Carabineros, fuerza que actúa como guardia privada de empresas forestales y latifundistas".
También la Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda pidió al gobierno que desista de la anunciada creación de un Plan de Seguridad en el territorio mapuche, el cual consideran se traducirá en mayor violencia y criminalización de la lucha de la etnia.
El seminarista jesuita Luis García-Huidobro declaró haber sido testigo del operativo "totalmente inútil" en la comunidad mapuche Wente Winkul Mapu el fatídico día.
El gobierno debiera evitar que se criminalice y judicialice la causa mapuche. "No debieran mandar carabineros, sino abrir una mesa de diálogo y devolver esas tierras para que haya paz", dijo en carta publicada en el sitio mapuexpress.net.
Subrayó haber presenciado, en el citado asentamiento, unos 10 vehículos policiales, una tanqueta, un zorrillo (carro lanza gases), un bus blindado de carabineros y varias camionetas, además de numerosos uniformados.
"Estamos ante un conflicto histórico que el Estado debe abordar con más seriedad", recalcó. Esto seguirá creciendo hasta que haya un gobierno verdaderamente honesto y valiente para reconocer que las empresas forestales deben salir de estas tierras, las cuales son de los mapuche.
Un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe concluyó que la vulnerabilidad sociodemográfica y socioterritorial que enfrenta el pueblo mapuche y que expresa claras brechas en la implementación de sus derechos, está dada por la pérdida del territorio, base de su supervivencia material y cultural.
Lo cierto es que el escenario creado por la muerte del carabinero alienta la preocupación por el destino que tendrán las reivindicaciones del pueblo mapuche y atiza el temor sobre el curso de nuevos procesos judiciales contra comuneros mapuche.
Decenas de comuneros mapuche cumplen duras condenas de cárcel, o se encuentran procesados y detenidos o sometidos a medidas restrictivas por acciones reivindicatorias de sus territorios ancestrales, anotó un reciente editorial del informativo mapuche Mapuexpress.
Justamente la semana pasada finalizó la preparación de Juicio Oral en el llamado Tribunal de Garantía de la comuna de Victoria, situada también en La Araucanía, contra 10 comuneros, dos de ellos menores de edad, imputados por "robo con intimidación de carácter terrorista, incendio terrorista, asociación ilícita terrorista", entre otros delitos supuestamente ocurridos en octubre del 2009.
Este proceso, como los anteriores contra el pueblo mapuche, ha sido criticado por autoridades indígenas y por especialistas en temas jurídicos porque la principal prueba del Ministerio Público sería la declaración de un testigo protegido, polémica figura amparada por la ley antiterrorista.
Jorge Hunchullán, vocero de la comunidad Autónoma de Temucuicui, impugnó que se siga utilizando una ley heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). "Es una forma de utilizar la represión en toda su expresión, jurídica, comunicacional y policial", afirmó.
Apenas en la antesala del juicio y ya asoman los nubarrones para los comuneros acusados.
(*) Tania Peña es corresponsal de Prensa Latina en Chile.
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