La Mesa Sectorial de educación celebrada esta mañana [miércoles] para discutir la aplicación, en Canarias, de las medidas contenidas en el Real Decreto Ley (RDL) de medidas excepcionales para la contención del gasto educativo, terminó sin acuerdo entre las partes.

El STEC-IC denuncia la falta de voluntad negociadora mostrada por el Director General de Personal (DGP) de la Consejería de Educación, quien desestimó todos los argumentos de las organizaciones sindicales, incluida una propuesta presentada por el STEC-IC. Dicha propuesta, la única que se presentó como alternativa formal al borrador de la consejería, habría permitido cumplir con la parte estrictamente obligatoria del RDL, sin que ello supusiera un empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado ni una merma en la calidad del sistema educativo. Y lo que es más importante, no habría supuesto ni un solo despido frente a los más de mil docentes que se irán a la calle el próximo curso por culpa de la obstinación de la Consejería de Educación.

Durante el transcurso de la mesa, el STEC-IC demostró que su propuesta es perfectamente viable y que tendría coste cero, tanto para el profesorado como para el sistema educativo, porque en definitiva, se trata de un simple cambio de consideración -de complementarias a lectivas- de una parte de las horas de guardia que actualmente desempeña el profesorado. Sin embargo, el DGP adujo ajustes presupuestarios para no tener en cuenta dicha propuesta. Se trata de un nuevo argumento al que, hasta la fecha, el Consejero no se había referido, pues siempre ha mantenido que la inversión educativa era una prioridad para el Gobierno de Canarias. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario y desenmascaran una nueva mentira del gobierno, que fundamentó la rebaja salarial de los empleados públicos en la necesidad de mantener las plantillas, cosa que ahora se demuestra que no es cierta.

Con esta intransigencia queda demostrado el oportunismo político de José Miguel Pérez, que se ha aprovechado de la coyuntura para criticar la irresponsabilidad del PP y, al mismo tiempo, aplicar en Canarias unas condiciones mucho peores de las que establece obligatoriamente el RDL del ministro Wert, con el único propósito de ahorrarse el salario de más de mil docentes. De confirmarse esta cifra, estaríamos ante el mayor despido de docentes de las últimas décadas y se sumarían a los casi dos mil empleos que se han perdido, en el sector, a lo largo de los tres últimos años.

El STEC-IC, en consonancia con su voluntad negociadora y plenamente convencido de que la propuesta presentada es la única forma no lesiva de aplicar el RDL del gobierno central, volverá a transmitirla mañana [jueves] en la Comisión Técnica de la Mesa General de la Función Pública donde, en última instancia, podría ser aceptada. De no darse esta condición, estaríamos ante el peor escenario imaginable para el comienzo del próximo curso: más de mil docentes despedidos, incremento de la jornada laboral del profesorado acompañada de una nueva reducción salarial, supresiones y desplazamiento de centenares de docentes, empeoramiento del ambiente de trabajo en los centros educativos, menor capacidad de atención a las necesidades educativas del alumnado, etc. Todo ello contribuirá a un enorme malestar entre el profesorado.

Por todo lo expuesto, el STEC-IC no tiene más remedio que ratificarse en su propuesta de paralización del inicio de curso y culpabiliza al Gobierno de Canarias como único responsable del daño que se le causará al sistema educativo.

Canarias, 13 de junio de 2012