En España, es un hecho que la escolarización ha ido creciendo desde el año 1971 hasta el 2007. La de los jóvenes de 15 a 19 años lo ha hecho de forma notable, pasando de un tercio de esta población escolarizada en 1971 a tres cuartos de la misma franja de edad, en el 2004. También ha aumentado 37 puntos el porcentaje de españoles de 25 a 34 años que completaron estudios secundarios postobligatorios (bachillerato, ciclo medio de FP), en el 2007, pasando en treinta años, del 28% al 65%, y los titulados universitarios de 25 a 34 años del 16% al 39%.

Pero, en los últimos años, de forma deliberada, los gobiernos sucesivos, han ido agravando las condiciones de estudio del alumnado, y deteriorando las condiciones de empleo de los docentes en la Educación pública, ahondando en la estrategia de precarización del empleo, en la supresión de puestos de maestros y profesores de secundaria, en el incremento de alumnos por profesor y de horas lectivas, a pesar de ser España un país donde se trabaja más horas que la media de la OCDE y de la Unión Europea (UE-19) y donde más han bajado los salarios en términos reales. El Estado y las Comunidades Autónomas van recortando drásticamente los presupuestos de la red pública: programas de refuerzo, atención a la diversidad, comedores escolares, actividades extraescolares, reducción de centros públicos y docentes, recortes salariales, mientras se fomenta el proceso de privatización educativa, mediante los conciertos y la financiación pública de más tramos de enseñanza, como la educación no obligatoria.

La conversión del derecho universal a la educación en oportunidades de negocio, para una mayor acumulación capitalista, responde a la agenda neoliberal del Gobierno del P.P., ideológicamente fiel a la estrategia de Lisboa (2000) – de la que es co-responsable - que fijaba para la Europa del 2010: “la economía del conocimiento la más competitiva del mundo”, con una concepción estrictamente mercantilista del conocimiento, una estrategia reformulada en el 2010, con un título distinto pero con el mismo espíritu meramente económico.

Considera el Gobierno del P.P. que el nivel social “determina” el desarrollo de las capacidades humanas, contrariamente a lo que ha ocurrido en la historia de la Educación en España, desde el año 1971, con una incorporación cada vez mayor del alumnado procedente de la clase trabajadora, en los niveles superiores del sistema educativo.

Pero este Gobierno no está dispuesto a igualar resultados. Al contrario, se está empleando a fondo para abrir una gran brecha social, fomentar la desigualdad social y para ello, necesita promover, también, la desigualdad educativa. Apuesta, por lo tanto, con su actual reforma, por un sistema cuyos objetivos son: “anticipar la elección de itinerarios en ESO (es decir itinerarios a edades tempranas), mayor número de alumnos hacia la FP, mejorar la tasa comparativa de alumnos excelentes”, endurecimiento de las exigencias para promocionar, segregación según capacidades, diferenciación - centros de excelencia, bilingüe - decidiendo con ello procesos distintos de escolarización: red clásica y trabajadores intelectuales para la clase económicamente pudiente, cada vez más reducida por el actual proceso de empobrecimiento generalizado, y red práctica y trabajadores manuales para la clase social trabajadora. Es decir que consolida y aumenta dos redes de educación: una, la privada y dos, la pública para zonas y alumnado que no son ni apetecibles, ni rentables para la iniciativa privada. La red pública es subsidiaria de la privada, y de su financiación se desentienden progresivamente Estado y Comunidades Autónomas, hasta que termine convirtiéndose, como consecuencia de las decisiones políticas en materia educativa, pero también económica y de empleo, en guetos sociales culturalmente diferentes y deficientes.

Se trata, por parte del Gobierno del P.P., de una vuelta atrás, de recortar el derecho a la educación pública, a la educación para todos, a la escuela inclusiva, la escuela que admite la diversidad como lo natural en los hombres y en el devenir humano, la escuela inclusiva que trata de impedir que las diferencias se conviertan en deficiencias permanentes que impidan a los que menos recursos económicos tienen, la participación y disfrute de los bienes asociados a la educación.

Se trata, por parte del Gobierno del P.P., de que las Administraciones públicas abandonen su responsabilidad de reforzar la acción del sistema educativo de forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos o de otra índole: condiciones más favorables para la escolarización en la etapa infantil de todos los niños, adopción de medidas singulares en determinados centros escolares necesitados de una intervención educativa compensatoria, recursos humanos y materiales necesarios para compensar la situación de alumnos que tengan especiales dificultades para alcanzar los objetivos de la educación obligatoria, debido a las condiciones sociales. Porque el nivel social condiciona pero no determina el desarrollo de las capacidades humanas.

Los profesores son responsables de grupos de alumnos en el aula y para enseñar no sólo necesitan las titulaciones académicas exigidas, que acrediten sus competencias profesionales en las materias que van a impartir, sino que para enseñar necesitan, además, un bagaje didáctico y pedagógico, porque no se trata de dar una conferencia, sino de enseñar, y enseñar es comprender lo que el alumno comprende, lo que sabe y lo que le falta por saber, adaptar el contenido para que sea asimilable, encontrar todos los medios para que los contenidos sean asequibles a los distintos perfiles de aprendizaje que tiene el aula.

Pero los gobiernos son los responsables del sistema educativo y hasta ahora las decisiones han sido un baile de reformas educativas del bipartidismo político LOGSE (1990 – PSOE), LOCE (2002 –PP), LOE (2006 - PSOE) que ha afectado a los centros como instituciones educativas y a los profesores como responsables de los grupos de alumnos. Y ahora para colmo, la reforma Wert y el continuo intento de los dirigentes autonómicos y estatales del P.P., de desacreditar al profesorado, especialmente, cuando protestan por el saqueo de la educación pública.

Pero, a pesar de todo ello, los grupos profesionales, los sindicatos, muchos responsables políticos que no comparten la agenda neoliberal, los padres y madres de alumnos/as, los estudiantes, las y los trabajadores, todas y todos podemos actuar. Con nuestra actitud, podemos aprobar los cambios continuos hacia la desigualdad o combatirlos, podemos acelerarlos o frenarlos. No es la fatalidad. Es el capitalismo. No se trata de decir que “no hay nada nuevo bajo el sol” o que “esto es lo que hay”. Eso es resignación. Debemos comprender las nuevas reglas del juego y combatirlas. Oponerse al capitalismo del conocimiento, es negarse a la norma social del capital. Es inventar y desarrollar prácticas que abren nuevos horizontes. Decía Etienne de la Boétie, en su obra “El discurso de la servidumbre voluntaria” que para ser esclavo, hace falta alguien que quiera dominar y… otro que acepte servir. También se le atribuye la frase: los tiranos nos parecen grandes porque estamos de rodillas. Así que: ¡Levantémonos! Somos mayoría. Por el derecho universal a la educación, por la democracia y la igualdad.