Representantes de los sindicatos de los empleados públicos de la administración autonómica de Canarias, constituidos en asamblea, iniciaron este martes un encierro de 24 horas en las instalaciones del edificio de Usos Múltiples I de Las Palmas de Gran Canaria y en el edificio de Usos Múltiples II en Santa Cruz de Tenerife para protestar por los recortes presupuestarios del Gobierno autónomo..

A juicio de las 25 formaciones sindicales y plataformas ciudadanas que conforman esta asamblea, las cuentas canarias para el próximo año sólo traerán más recortes en los servicios esenciales, en el empleo y en los salarios de la clase obrera, y ninguna mejora para la ya maltrecha economía de las Islas.

"Canarias no soporta más restricciones presupuestarias, el dinero hay que buscarlo donde está", ha explicado Meri Pita, de CoBas canarias, quien ha aludido así a la necesidad de reforzar la lucha contra el fraude fiscal, una política con la que, según esta asamblea, se podrían recaudar 4.000 millones de euros en las islas, entre ellos, los que se han depositado en la RIC y aún no se han materializado.

Los sindicalistas explican que el 80 % de la riqueza de Canarias recae en el 0,2 % de su población, es decir, en 22 familias, y ha resaltado que en el Archipiélago se pasa hambre, afectando la pobreza al 38 % de los niños.

Esta asamblea considera que el parlamento autonómico "no representa a la ciudadanía en general" y ha advertido de que "ningún sector social aguanta ni un recorte más".

Por todo ello, exigen al Gobierno canario que no apruebe su proyecto de presupuestos para 2013 y a los socialistas, que forman parte de él, que demuestren que verdaderamente son de izquierdas y apuesten por generar público y propiciar políticas de inversión para contribuir de esta forma a la salida de la crisis.

Meri Pita ha subrayado que "de esta crisis alguien está sacando beneficios porque los que ganan siempre son los mismos", una situación que está conllevando el desmontaje del Estado del Bienestar.

Además, ha reprochado al gobierno CC-PSOE que su "primer imperativo legal no esté siendo dar de comer a su pueblo y propiciar el empleo y el acceso a una vivienda digna".

La asamblea ha criticado que el gobierno autonómico presente como "un mal menor" la rebaja de jornada laboral y de salario del 20% aprobada para 3.300 trabajadores de la administración autonómica, y que será del 10% para los que trabajen 25 horas semanales, y considera que esta medida obedece a "un discurso de pose o maquillaje".

Según Daniel Casal, del FSOC, el gobierno autonómico debe endeudarse más para poder "mantener el Estado de Derecho", lo que evitaría "que los ciudadanos sigan pagando la factura de la juerga del capital y de la banca".

Los sindicalistas explican que en Canarias "se ha rebasado ya el abismo social", lo que podría propiciar "asaltos masivos" a medio plazo si no se para este desatino, cuando "es la banca la que ha gastado por encima de sus posibilidades".

También reprochan que se destinen más ayudas pública a la enseñanza y la sanidad privadas que a las públicas y que, mientras, hospitales como el Doctor Negrín de Gran Canaria cierra cinco quirófanos y 90 camas.

La asamblea ha pedido al PSOE que se oponga a que se recorte presupuesto en servicios sociales mientras se sigue destinando partidas a la policía y la televisión autonómica, así como la creación de una ecotasa que grave con un euro cada cama turística que esté en explotación, lo que contribuiría a la rentabilidad pública de la principal actividad económica del archipiélago.