La jueza argentina que instruye la causa contra crímenes del franquismo, María Servini de Cubría, ha decretado una orden internacional de detención preventiva para su extradición contra cuatro agentes de la seguridad del Estado español por torturas durante el fascismo. Se trata del exescolta de Franco y del rey español Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González, el exinspector José Antonio González Pacheco ("Billy El Niño") y el exagente de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar.

Los abogados solicitaron por escrito a la jueza, en marzo de este año, que emitiera órdenes de captura internacional contra nueve responsables del régimen franquista: tres ex ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora han pasado a estar procesados en la causa. 

La jueza ha resuelto "Encomendar el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición, a efectos de recibirles declaración indagatoria, a la Organización Internacional de Policía Criminal", según se lee en el documento del Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, con fecha 18 de septiembre. Que sean extraditados o no depende únicamente del gobierno español.

La medida implica que los cuatro imputados no podrán abandonar España, ya que serían detenidos por Interpol. La ley procesal argentina prevé que, si existen indicios de criminalidad en una persona, se la llame para que preste declaración indagatoria, cuyo efecto es la orden internacional de detención si el acusado se encuentra fuera del país. Ésta es la victoria más importante que consiguen las víctimas del franquismo en el marco de una causa que comenzó hace más de tres años.

La juez se ha comprometido además a pedir expresamente al Gobierno español su colaboración para interrogar a estas personas. "Estamos seguros de que el Gobierno no hará nada, pero al menos será evidente ante la comunidad internacional que España encubre a unos torturadores", señalan los querellantes, que han convocado para mañana a las 13 horas una concentración en la Puerta del Sol, sede de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo, a la que asistirán personas que fueron torturadas allí por algunos de los imputados en la causa.

La causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. La denuncia fue presentada en Buenos Aires el 14 de abril de 2010 por Darío Rivas e Inés García Holgado. Rivas, nacido en Argentina, buscaba rescatar los restos de su padre, alcalde de un pueblo de Galicia, asesinado por la Falange. García Holgado buscaba justicia para su abuelo, detenido por "auxilio a la rebelión" y luego asesinado junto a su tío y dos tíos abuelos. A esta primera denuncia fueron sumándose decenas más. Y actualmente la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina aglutina a más de 100 asociaciones en toda España.

Los abogados de los querellantes tuvieron una reunión con la jueza en Buenos Aires hace tres semanas, en la que pidieron también que pusiera en marcha las declaraciones por videoconferencia de testigos desde Madrid, que fueron suspendidas por el embajador español por las presiones del Gobierno español. También acordaron la visita de una delegación de políticos españoles a Argentina para mantener un encuentro con la propia Servini de Cubría.

Esta es la única causa judicial que hay abierta en el mundo en relación a los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina. La Constitución argentina reconoce desde 1853 el principio de justicia universal, por el que este país tiene jurisdicción para perseguir los crímenes franquistas al haberse negado España a investigar por sí misma los crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

LOS TORTURADORES

CELSO GALVÁN ABASCAL (77 años en la actualidad): Fue escolta de Franco y, más tarde, de la Casa Real borbónica, denunciado por diseñar estrategias de tortura.

Fue acusado por el asesinato del estudiante Enrique Ruano el 17 de enero de 1969 cuando era inspector de la Brigada Político-Social (BPS), la policía política del fascismo. Sin embargo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial decidió su absolución por "falta de pruebas", si bien indicaba el propio auto que no es posible admitir sin dudas razonables la versión oficial del suicidio por parte del estudiante.

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ PACHECO (67 años): Hasta su disolución en 1976, formó parte de la BPS. "Billy el Niño" se hizo tristemente famoso por torturas salvajes. Fue absuelto de todos los procesos judiciales en los que estaba envuelto por la Ley de Amnistía. El resto de procesos pendientes se sobreseyeron tras no presentarse reiteradamente a los juicios en los que estaba encausado y beneficiarse, posteriormente, de la ley de Amnistía de 1977 que se extendió a "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos Incluidos en esta ley".

Se le relaciona también con los asesinos de los abogados de Atocha y con los grupos terroristas antivascos Antiterrorismo ETA y Batallón Vasco Español, autores de varios asesinatos. 

El 1 de julio de 1977 el Ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, le condecoró con la Medalla de Plata al Mérito Policial y se le organizó una cena homenaje "como desagravio a la persecución de la que es objeto por parte de algunos medios de comunicación". Al acto asistieron cien policías, entre ellos Manuel Ballesteros que será Jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. Ese mismo año pasó a formar parte de la Brigada Central de Información, que más tarde daría lugar a la Brigada Antiterrorista donde actúa como segundo de Roberto Conesa, que también fue su superior en la BPS.

En 1985 "Billy el Niño" aparece como jefe de seguridad de la empresa automovilística Talbot en Madrid, donde también trabaja en diversas empresas de seguridad. En 2011, según la documentación previa a la demanda de la Red Aqua, figura como jefe de tráfico de la empresa Loomis.

JOSÉ IGNACIO GIRALTE GONZÁLEZ (71 años): Fue miembro destacado de la BPS hasta su disolución y comisario del Cuerpo Nacional de Policía. Acusado por numerosos testigos, aparece en al menos cuatro de las querellas presentadas en Argentina por torturas a estudiantes en los últimos años del fascismo.

JESÚS MUÑECAS AGUILAR (74 años): ingresó a la Guardia Civil en 1961, alcanzando notoriedad como torturador en la Comandancia de Zarautz y en la Comandancia de la Guardia Civil de Tolosa, dependiente de la de San Sebastián, no siendo nunca condenado. Participó en el golpe de Estado del 23-F de 1981 junto con Antonio Tejero. Fue el primero en dirigirse a los diputados para comunicarles la "próxima" llegada de la "autoridad, militar, por supuesto".

Disfruta de la pensión máxima a pesar de haber sido condenado tras el 23-F por "delito consumado de rebelión militar" a tres años y seis meses de prisión. Salió en libertad en octubre de 1984.