El Tribunal Constitucional español, controlado por el PP y presidido por uno de sus afiliados, ha tumbado la declaración soberanista que el Parlament catalán aprobó en enero de 2013 y que proclamaba a Catalunya como "sujeto político y jurídico soberano" y abogaba por el "derecho a decidir". El texto, que fue respaldado por 85 votos (CiU, ERC, ICV y la CUP), lo que supone el 63% de la cámara, y que contó con 41 en contra (PSC, PP y Ciutadans) y dos abstenciones (CUP), fue impugnado por el gobierno metropolitano español en mayo de 2013.

Este martes, el pleno del tribunal ha rechazado la declaración por unanimidad ya que considera que el primer apartado es ilegal y que el pueblo catalán no puede erigirse en sujeto político y jurídico. El tribunal ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo y ha anulado la declaración soberanista en cuanto al derecho a decidir de los catalanes.

Es la primera vez que se declara ilegal una mera declaración política sin efectos jurídicos ni prácticos. El TC español actúa así claramente como un censor ideológico sobre un órgano elegido democráticamente por los ciudadanos.

Aunque finalmente el fallo ha sido unánime, la minoría del PSOE se inclinaba por considerar que la declaración no tenía valor jurídico sino político y que por ese motivo no debía aceptarse el recurso. Los magistrados de tendencia conservadora preferían la anulación de todo el texto.

El líder de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull, ha restado credibilidad al TC por ser un "órgano político", en la primera reacción del partido nacionalista tras la sentencia.

"El TC no es un órgano jurídico; es un órgano político que decora jurídicamente sus resoluciones", ha afirmado este martes en rueda de prensa, en la que ha preguntado a los magistrados del tribunal qué puede hacer el Parlamento catalán si no tiene capacidad siquiera para pronunciarse sobre las ambiciones de los catalanes.

Ha cargado también contra la composición del alto tribunal, al que ha acusado de tener varios magistrados que actúan como "agitadores de la catalanofobia".