El gobierno español ha anunciado en la rueda de prensa de este viernes que recorta los Presupuestos Generales del Estado en 27.300 millones de euros, lo que cree que sirve para poder pagar el endeudamiento del Estado con la banca. Además, el gobierno, con el apoyo del PSOE, ha aprobado recientemente una línea de avales para los bancos españoles de 52.000 millones de euros. "Estamos en una situación límite", ha dicho la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría para justificar el hachazo.

El ejecutivo del PP reconoce que se trata de "un ajuste muy duro", según ha explicitado el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. Soraya Sáenz de Santamaría ha optado por otro adejetivo, "drástico", y ha presumido de que "hemos empezado a ajustar las cuentas en casa". Entre las medidas, el gobierno ha avanzado que subirá el recibo de la luz un 7% a partir de abril y un 5% el del gas.

Además, el gobierno ha congelado el sueldo de los empleados públicos y anuncia que subirá el Impuesto de Sociedades. Se adelanta una amnistía fiscal al anunciar Saenz de Santamaría que las empresas tendrán que poner en marcha un programa "de regularización fiscal".

Según ha concreto el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, quienes se sumen a este proceso de regularización "evitarán las penaliaciones hoy propias de las declaraciones, de manera que a cambio de pagar un 10% el sujeto pasivo quedaría regularizado y normalizado en nuestro sistema tributario".

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, un anteproyecto de ley que contempla una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros. La subida afectará a las tasas ya existentes para interponer una demanda o recurso en el orden Civil y Contencioso-administrativo y se aplicará también en lo laboral, aunque en esta jurisdicción (Social) sólo en el caso de recursos en segunda instancia de suplica o casación, quedando también excluido el orden penal.

La entidad de la dureza del recorte en las cuentas de este año la marca el techo de déficit obligado por Bruselas y aceptado por el Gobierno: el 5,3% del PIB, más de tres puntos respecto al desfase con el que se cerró 2011 (8,51%) y más duro del previsto inicialmente por el Ejecutivo (5,8%). Ese objetivo de gasto supone un recorte de unos 35.000 millones de euros en un solo año.

Rajoy anunció este martes en Seúl, sin entrar al detalle, que los ministerios sufrirían de media un tijeretazo de más del 14%, que al final ha sido dos puntos superior. Se espera que Fomento, el ministerio de la inversión pública, vea reducido su presupuesto aún más, cuando en 2011 ya sufrió un recorte del 28%. 

Más significos son los recortes presupuestarios por partidas. El tijeretazo es brutal y, en algunos casos, supone su liquidación. Los Presupuestos de 2012 contemplan una reducción de 594 millones de euros en el gasto en ayuda al desarrollo, 322 millones en las ayudas a la vivienda y 1.500 millones en políticas activas de empleo. Más significativo es la desaparición de la ayuda a la Dependencia, que pasa de 283 millones a 0 millones. En cambio no se recortan ni los gastos militares ni los destinados a la adquisición de material de represión y antidisturbios.