El gobierno español aprobará este año un plan contra el absentismo de los empleados públicos (inferior al de la empresa privada), que incluirá que éstos no cobren su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por incapacidad temporal, tal y como fija el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
Según el Programa de Estabilidad 2012-2015 que el gobierno ha enviado a Bruselas, esta es una de las medidas que se aprobarán este año para ahorrar gastos de la Administración Central.
De acuerdo con el programa, la medida tendrá un "impacto presupuestario muy positivo, aunque a priori resulta difícil de cuantificar exactamente", y que "aumentará la productividad de los funcionarios y disminuirá las necesidades de contratación".
Además, prevé que los gastos de MUFACE, el organismo público dependiente de Hacienda que gestiona la protección social de los funcionarios, se reduzcan al reformarse los requisitos para cobrar el subsidio por enfermedad que paga esta entidad a partir del cuarto mes de baja.
Entre las medidas que se prevén está la “modificación de la plenitud retributiva durante los primeros 90 días de la baja, modulando las retribuciones del funcionario que le corresponderían en caso de desempeñar con normalidad su trabajo”.
El gobierno afirma que el objetivo de esta reforma es “reducir los problemas de riesgo moral asociados al aseguramiento de las contingencias relativamente comunes, que se traducen en una elevada tasa de absentismo entre los empleados públicos”.
El gobierno también argumenta que “dado que las situaciones de ausencia se remuneran, el absentismo produce un perjuicio directo a las arcas públicas de imposible justificación, con los consiguientes costes para el conjunto de la sociedad”.
Además, dicie que medir la duración de la baja en meses “puede contribuir a no reflejar con exactitud la situación real de la enfermedad”.
También considera que “no existen mecanismos de control adecuados que vinculen efectivamente el pago de subsidios a partir del cuarto mes de baja a la situación real de incapacidad del empleado”.
Además indica que orientará su reforma “a evitar que se produzcan dilaciones indebidas por parte de los organismos intervinientes en la eficacia de las situaciones de incapacidad temporal, que pueden perjudicar injustificadamente a los empleados públicos”.
Detrás de este lenguaje relamido, se trata de más y más rápidas actuaciones de la inspección médica, dando altas forzadas, cosa que ya viene ocurriendo, llegando incluso a emplearse en algunos casos contra enfermos en plena quimioterapia.
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