Desde el inicio en Estados Unidos de la crisis financiera de 2007, ocasionada por el hundimiento de las hipotecas sub-prime y el posterior contagio a otras economías, hemos visto, primero con sorpresa y luego con indignación, cómo esa crisis, de la que no es responsable el pueblo trabajador, afecta especialmente a éste. En Canarias el paro se eleva por encima del 30%, mientras la pobreza alcanza a más del 25% de la población, y continúa afectando cada vez a más personas.

Sin embargo, las medidas, tanto del Gobierno central como del Autonómico, no hacen sino empeorar la situación. La reducción del gasto público para pagar las deudas de los bancos y empresas, el desmantelamiento de la Sanidad y la Educación públicas, el empeoramiento del sistema de pensiones, la subida de impuestos indirectos, el medicamentazo, la reducción salarial de los empleados públicos, la adopción de normas que permitirán su despido masivo, constituyen, todas, un ataque a las rentas de la población trabajadora, al derecho al trabajo, la salud, la educación y la vivienda, a todo lo que permite vivir con un mínimo de dignidad.

Nos dicen que es la única política posible, que hemos vivido “por encima de nuestras posibilidades”. Mentira: Los bancos, la patronal de la gran industria y los servicios han provocado, con su especulación, una crisis que estamos pagando nosotros, mientras ellos recuperan sus beneficios. En su momento disminuyeron impuestos directos sobre el capital y la renta, suspendieron los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, permitieron la continuidad de instrumentos financieros por los cuales se paga sólo el 1% de los beneficios, rebajaron el Impuesto de Sociedades, etcétera. Así, a la llegada de la crisis, a la vez que disminuyeron los ingresos públicos, aumentaron los gastos en subvenciones y desempleo, creció la Deuda y se avaló la de bancos y cajas. El verano pasado, el PSOE y el PP promovieron una reforma constitucional para considerar prioritario, frente a cualquier otro gasto el pago de la Deuda, mientras ésta aumenta, para satisfacción de los acreedores de los bancos españoles. Han llamado al “rescate” de la banca y se prepara para septiembre el rescate total del Estado, lo que impondrá más paro, más reducción del gasto social, más subida de impuestos indirectos, más reducciones salariales y más pérdida de derechos.

Frente a esta situación, que empeora día a día, hay otra salida, necesaria y posible. Desde Asamblea por Tenerife llamamos a luchar: contra la exclusión y la pobreza, contra las reducciones salariales y la pérdida de derechos laborales, contra la anulación de derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas. Frente a la política de empobrecimiento generalizado, llamamos a imponer por mayoría la redistribución de la riqueza mediante la nacionalización de toda la banca subvencionada; la auditoria de la deuda, el impago de la deuda odiosa y la moratoria de la restante; la recuperación de los impuestos de sucesiones y del patrimonio; el establecimiento de un impuesto a las grandes fortunas; la desaparición de las SICAV y de la RIC; el pago del impuesto de sociedades; la persecución del fraude fiscal, la anulación de la amnistía fiscal y el fin de los privilegios económicos de la Iglesia Católica y de la Casa Real. Con esos recursos, que son de toda la sociedad, se podrían atender los gastos sociales y reducir sustancialmente el déficit y la Deuda. Nosotros, ni debemos, ni pagamos, que paguen los RICos.

Asociación La Unión de Geneto, 8 de septiembre de 2012