El presupuesto de Defensa del gobierno español para este año experimentó un súbito incremento del 28,21%. El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó un crédito extraordinario de 1.782 millones de euros para programas de armamento, destinado al pago de deudas pendientes del anterior gobierno del PSOE.

Si esta partida se hubiera incluido en los presupuestos, el capítulo de Defensa habría sumado 8.098 millones, con un aumento del 16,88% respecto a 2011, en vez de "reducirse" el 8,84%.

La parte del león irá al consorcio fabricante del Avión de Combate Europeo (Eurofighter), pero también se destinarán cantidades menores al helicóptero de ataque Tigre, el Obús de 155, el carro de combate Leopard o el Buque de Acción Marítima.

Según el Ministerio de Defensa, “se trata de recuperar la credibilidad ante los consorcios internacionales para negociar acuerdos que permitan reducir los compromisos, mediante el recorte de los pedidos, el aplazamiento de las entregas o la venta de material a terceros países”.

El gobierno sostiene que este crédito no incrementará el déficit, porque el material militar ya había sido entregado y su precio incluido como deuda (y por tanto déficit) en las cuentas del Estado. Por eso no se incluyen pagos del avión de transporte A400M o el submarino S-80, aún no entregados.

Las mismas fuentes insistieron en que, si no se atendían estos pagos, Defensa hubiera tenido que abonar penalizaciones por incumplimiento de contrato y habría peligrado la supervivencia de muchas empresas.

El ministro de Defensa español, Pedro Morenés Eulate, fue director general para España de la empresa paneuropea de misiles MBDA. Asimismo, fue consejero de la entidad Instalaza, S.A., la principal fabricante española de bombas de racimo hasta 2008, año en que el gobierno español anunció la destrucción de todas las bombas de racimo en el país.

Tras la entrada en vigor en 2010 de la Convención de Dublín contra las bombas de racimo, ratificada por el Estado español, que las declara ilegales, Pedro Morenés decidió denunciar al gobierno español, exigiendo una indemnización de 40 millones de euros. Con el cambio de gobierno, el PP lo coloca como Ministro de Defensa, y la justicia resuelve que el Estado español deberá pagar la indemnización de 40 millones de euros a una compañía que compró la deuda.